València en Comú promueve una moción contra Israel anulada por los juzgados en otros municipios

El movido pleno del pasado jueves en el Ayuntamiento de Valencia amenazaba con ser todavía más controvertido si se hubiera debatido sobre una de las mociones de València en Comú. La marca blanca de Podemos (que llevó para esa sesión la iniciativa el defensa del laicismo institucional) trató de que el equipo de Gobierno apoyara un acuerdo contra Israel.

La iniciativa, además de defender la causa del pueblo palestino y declarar Valencia como «espacio libre de apartheid israelí», comprendía una serie de polémicas medidas como el veto a las empresas que trabajen con este país.

Uno de los puntos recogía la incorporación a las bases y convocatorias de las subvenciones, así como a los pliegos de condiciones de todos los contratos administrativos de obras, servicios, gestión de servicios públicos y suministros licitados por el Ayuntamiento la «presentación de una declaración de no estar involucrado, directa o indirectamente, en acciones u omisiones que supongan una violación de los derechos humanos ni del Derecho Internacional humanitario, ni actividades de expolio, agotamiento, explotación, amenaza o destrucción de los recursos naturales (incluidas las tierras y aguas) y/o patrimonio del pueblo palestino».

Otro de los apartados del texto incluía «informar y advertir a los ciudadanos y al tejido empresarial de Valencia de que vender, comprar, invertir o firmar contratos con las entidades y colonias israelíes ilegales (incluyendo el sector agroalimentario, bancario, exportador y turístico) que explotan, expolian, destruyen, amenazan o agotan los recursos palestinos puede suponer la violación del derecho inalienable del pueblo palestino sobre sus recursos naturales, incluidas sus tierras y sus aguas y que el pueblo palestino tiene derecho a reclamar una indemnización por la explotación, la destrucción o el agotamiento de sus recursos naturales, o por lo que constituya una amenaza para ellos. Además, esos actos prohibidos pueden comprometer la responsabilidad por crímenes de guerra o una implicación en litigios con la población palestina afectada».

La moción era muy similar a la que este partido (o sus plataformas) ha defendido en otros Consistorios de toda España. Alrededor de 40 ha sido recurridas por la asociación Acción y Comunicación de Oriente Medio y muchas de ellas han tenido que declararse nulas por varios juzgados. Es el caso de Santiago de Compostela, Rivas-Vaciamadrid, Santa Eulària (Ibiza), Vélez-Málaga o varias localidades de Cataluña. También la Fiscalía ha actuado con duros informes, como ocurrió en Gijón (Asturias) o, más próximo, en Xeraco (Valencia).

Las resoluciones entienden que este tipo de acuerdos en Ayuntamientos suponen un ataque a la igualdad y a la no discriminación y coaccionan a los ciudadanos a excluir a empresas, además del hecho de que se les advierta de que están cometiendo un delito.

Estos pronunciamientos judiciales en contra fueron precisamente uno de los motivos por los que Compromís y el PSPV no apoyaron la iniciativa. Pese a que no se han manifestado públicamente, en las negociaciones internas se comunicó a València en Comú que para que el texto saliera adelante tendrían que modificarlo íntegramente.

La marca blanca de Podemos se escudó en que en la Diputación de Valencia se aprobó un acuerdo similar, también con los votos del PP y Ciudadanos. Sin embargo, se tuvo que rehacer y finalmene no incluía, según explican desde la Corporación, mención al veto a las empresas o advertencias a los ciudadanos.

Laicismo

Aunque esta moción fue paralizada, sí que se dio luz verde a la relativa al laicismo institucional con los apoyos del Compromís y el PSPV. Con ella se eliminará toda simbología religiosa en los espacios de titularidad pública que dependan del Consistorio, salvo que signifique un bien patrimonial e histórico contrastado. También recogía una revisión del Concordato con la Santa Sede y un pronunciamiento a favor de modificar las leyes para suprimir las exenciones fiscales de las confesiones religiosas para que paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles destinados a negocios. En particular, en el caso del IBI, sólo podrán quedar exentos los inmuebles destinados exclusiva y únicamente al culto.

Aunque la coalición y los socialistas pactaron con València en Comú para introducir una serie de modificaciones, el consenso no pudo alcanzarse con la oposición. El PP criticó desde un principio que se trataba de un «ataque a las tradiciones y creencias de los valencianos», por lo que se mantuvo en la postura del «no» rotundo.

Mientras, Ciudadanos planteó una serie de enminedas, de las cuales dos no fueron aceptadas tras un receso de 5 minutos que el portavoz de VeC, Jordi Peris, pidió para estudiarlas. En Ciudadanos no gustaba especialmente el punto 13, el que incluía a Valencia en la red de municipios por un Estado laico. La defensa de su portavoz, Fernando Giner, se basó en la aconfesionalidad del Estado, es decir, que no pertenece a ninguna religión, pero tampoco las excluye. También propuso que fuera un comité de expertos el que decidiera cuáles son las fiestas y simbologías suponen un bien patrimonial cuáles no. Pese a todo, el acuerdo no llegó.