Sumario judicial

Caso Taula: la trama de las comisiones implica al presidente del PP de Valencia, a Camps y a varios exconsellers

El juez levanta el secreto de sumario de la pieza principal del caso y genera gran intranquilidad entre los populares

Vicente Betoret, en las Cortes
Vicente Betoret, en las Cortes - ROBER SOLSONA
R. B. CRESPO - / EP Valencia - Actualizado: Guardado en: Valencia

El juez del caso Taula, Víctor Gómez, ha decidido levantar el secreto de sumario de la pieza principal de la causa, que ya está generando un gran revuelvo en el PP de Valencia.

Las conversaciones telefónicas revelan la presunta trama de comisiones que se repartían a través de la construcción de colegios en la Comunidad Valenciana y las declaraciones del exgerente de la empresa pública Marcos Benavent implican a diversos cargos y excargos populares.

Entre ellos, el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Betoret; el que fuera conseller de Educación y actual miembro de la Mesa de las Cortes, Alejandro Font de Mora; el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; o los exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo Camps.

Así se desprende de varias conversaciones telefónicas intervenidas a Benavent y que obran en la pieza principal del conocido como caso Imelsa, sobre la que se ha levantado el secreto de sumario decretado desde que se produjeron las primeras detenciones por este asunto, en enero de este año.

La causa abierta por el juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia investiga delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Benavent llega a explicar en una ocasión que hay "intereses cruzados" en relación a las adjudicaciones de colegios de la Comunitat y a las comisiones ilegales obtenidas como contraprestación, y señala que "tras toda adjudicación había una comisión".

En uno de los 18 tomos de esta pieza, a la que ha tenido acceso Europa Press, se incluye una declaración de Benavent en la que se le interroga por diferentes conversaciones telefónicas que mantuvo con el ex vicepresidente segundo de la Diputación y exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla en relación con comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obras de colegios.

Benavent expone claramente que hay "intereses cruzados" en relación a las adjudicaciones y señala que "tras toda adjudicación había una comisión". En concreto, en una conversación, Caturla le indica: "El último mensaje es que todo esto se lo mandemos al conseller de Hacienda, Gerardo, ¿Me entiendes? porque lo quieren controlar todo y entonces, sí el mismo ha dicho que él ha oído al Presidente como le ha dicho a Gero que le controle".

Preguntado por estas afirmaciones, Benavent expone que cuando se menciona al 'Presidente', se trata de 'Francisco Camps', y explica que están tratando asuntos relativos al reparto de comisiones que se derivan de la adjudicación de colegios. Señala que unas veces recogía directamente --Benavent-- determinadas cantidades de dinero que entregaba a Rus, y que otras veces el dinero "era para otras personas".

Y sobre la frase 'el Presidente le ha dicho a Gerardo que lo controle', explica que están hablando de quién controla el reparto de comisiones, y de que eran Gerardo Camps y Víctor Campos los que determinaban a quién se le tenían que adjudicar los colegios en cada caso.

Camps ha emitido un comunicado en el que niega su implicación en el llamado «Caso Taula». El expresidente de la Generalitat anuncia que va a peditr testimonio para querellarse «contra quien me implique directa o indirectamente, quien calumnie o injurie y quien manche incluso levemente mi honor».

El sumario también señala, en relación con otra conversación, que Rus pedía en ocasiones "pasta" a Campos que se "destinaba a todo": "a gastos personales, a gastos del partido, en definitiva a todo, a lo que les diese la gana. Como éste a veces no se la daba, Rus hablaba, según Benavent, con Camps y éste le decía que "lo que él quiera".

En concreto, en la conversación, Benavent expone a Caturla: "Él --Rus-- ha hablado con Víctor de pasta, no le hace mucho caso, y el martes después del comité se encontró con el presidente --Camps--, se fue caminando con él y le comentó el tema, que está hasta los huevos de Víctor, y le dijo que lo que él quiera, que lo que Alfonso quiera".

Así, Benavent asegura que Campos ha entregado dinero negro a Rus directamente, puesto que éste último le comentó que quedaba con el exvicepresidente para que éste le diera dinero. "El papel de Víctor --Campos-- era recaudar dinero para el partido, ya fuera provincial o regional", indica.

Sobre los gastos del partido, el exgerente de Imelsa explica que el exvicepresidente primero de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina era quien administraba el dinero 'b' del partido y cuando lo necesitaba "se lo reclamaba a Rus". "Se pagaban --agrega-- actos del partido y, en ocasiones, el sonido contratado en los mismos se pagaba en negro. La persona a la que se pagaba era Fernando Agramunt, hermano de Pedro Agramunt, que fue senador y anterior presidente del partido".

Respecto a Font de Mora, Benavent explica que era una de las personas que presionaba para adjudicar obras de centros educativos. Pone el ejemplo de una adjudicación a Luján. "El conseller llamó para que a Luján le adjudicasen dicha obra. Esto vino motivado porque Luján estaba en el patronato y no le adjudicaban nunca nada, por lo que reclamaba ser adjudicatario". Sin embargo, el exgerente no recuerda exactamente la obra de la que se trataba.

También afirma que en la empresa Ciegsa se contrataron a personas que desempeñaban su trabajo "en otro lugar", y pone el ejemplo de un ex agente de Policía Nacional que se le contrató en la entidad pero que realmente se encontraba trabajando en la sede del PP en Valencia.

Así mismo, en otra conversación se refiere a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá --el Tribunal Supremo acaba de abrir una causa penal contra ella por presunto delito de blanqueo de capitales en otra pieza de Imelsa--, sobre la que dice que presionó para que se le diera una subvención de cerca de 100.000 euros anuales a un hijo de su escolta a través de un convenio relacionado con las motos.

Hasta la fecha se había levantado el secreto de sumario en las piezas relativas al supuesto blanqueo de capitales, la supuesta contratación ilegal de trabajadores desde la Diputación de Valencia y otras relacionadas con adjudicaciones de contratos, si bien se mantenía respecto de al menos dos piezas, la principal y una secundaria.

En el caso Imelsa, que nació en abril de 2015, hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública.

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