Turistas en una zona comercial frecuentada por británicos en Benidorm
Turistas en una zona comercial frecuentada por británicos en Benidorm - JUAN CARLOS SOLER
Benidorm

Touroperadores británicos alertan de penas de cárcel por denuncias falsas en los hoteles españoles

La asociación ABTA advierte de una posible subida de precios en el sector para asumir el pago de reclamaciones fraudulentas

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El consejero delegado de la Asociación de Agentes de Viajes del Reino Unido (ABTA, en inglés), Mark Tanzer, ha advertido de que los turistas británicos que presentan denuncias falsas contra hoteles para obtener una compensación económica - una picaresca que trae de cabeza al sector en destinos como Benidorm- pueden afrontar grandes sanciones e incluso penas de cárcel.

En una entrevista con EFE, Tanzer afirmó que la industria turística se enfrenta a unas pérdidas de decenas de millones de libras ante el alud de demandas "deshonestas" por supuestas intoxicaciones alimentarias en España y otros países del sur de Europa como Portugal y Grecia.

La ABTA encabeza la campaña para disuadir a los turistas británicos, en la que resalta que las penas por cometer un fraude ante la justicia pueden suponer hasta tres años de prisión en algunos países.

El presidente de la asociación británica alertó además de que los veraneantes que presentan falsas denuncias pueden enfrentarse a abultadas multas.

"No se trata solo del dinero que han reclamado. El hotel puede argumentar que su reputación ha quedado dañada y reclamar una cantidad significativa por el perjuicio", afirmó.

Reclamación de 192.000 euros

Tanzer recurrió al ejemplo de una pareja británica, Sean y Caroline Bondarenko, que según los medios del Reino Unido se enfrentan a una demanda de 170.000 libras (192.000 euros) por parte de un hotel en Grecia al que pedían una compensación de 10.000 libras (11.300 euros) por una supuesta intoxicación.

Los turistas "tienen la impresión de que pueden obtener el dinero simplemente rellenando un formulario, pero no es así".

"Lo que están haciendo es emprender acciones legales contra un hotel o un turoperador, y eso es algo muy serio, se arriesgan a tener que pagar una contrapartida enorme o bien a quedar registrados como criminales, porque se trata de un delito", afirmó Tanzer.

"Estamos hablando de un delito que puede ser perseguido tanto aquí, en el Reino Unido, a su regreso de las vacaciones, o bien en el país de destino", dijo el responsable de la asociación, que admitió que se trata de un problema asociado únicamente a los turistas británicos.

"En el Reino Unido tenemos una arraigada cultura de pedir compensaciones que creo que no existe en otros países", explicó Tanzer, que recalcó que en las islas británicas hay numerosos bufetes de abogados que se dedican en exclusiva a gestionar reclamaciones económicas de consumidores.

Algunas de esas firmas estaban especializadas en tramitar demandas por lesiones en accidentes de tráfico, pero ampliaron su negocio cuando el Gobierno del Reino Unido limitó las tarifas que pueden cobrar los letrados por gestionar ese tipo de compensaciones.

Esas compañías se dedican ahora a convencer "de forma muy agresiva" a los veraneantes británicos de que pueden obtener una recompensa si denuncian que han sufrido una intoxicación durante sus vacaciones.

Los hoteleros españoles han criticado que los turoperadores británicos, que en la mayoría de los casos son la parte a la que denuncia el turista, traspasan el coste a los establecimientos afectados, pero Tanzer asegura que "ese no es el caso" en todas las ocasiones.

Inflación

El coste "puede ser asumido por el turoperador, dependiendo de su relación contractual con el hotel, o bien se puede traspasar de vuelta al hotel español. Por ese motivo están muy enfadados", dijo el consejero delegado de ABTA.

"Al final, no se trata del turoperador o del hotel, es la industria turística la que está perdiendo, y eso se puede ver reflejado en un aumento de los precios", señaló.

Ante el impacto económico de las "decenas de miles" de reclamaciones por intoxicaciones que han interpuesto hasta ahora turistas británicos, los operadores del Reino Unido han iniciado una campaña para tratar de poner coto a la situación.

Uno de los dos ejes de su plan consiste en presionar al Gobierno para que tome medidas legales a fin de hacer menos atractivo el negocio de las reclamaciones turísticas para los bufetes de abogados, como se hizo con las lesiones por incidentes de circulación.

"Creo que comprenden la urgencia de este gran problema. Están estudiando de qué forma se puede proceder con esto y nosotros estamos manteniendo la presión sobre ellos. Llevamos bastante tiempo hablando", sostuvo Tanzer.

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