Tolerancia cero frente a las agresiones al personal sanitario

De un tiempo a esta parte, hemos asistido a un incremento de las agresiones al personal sanitario, fundamentalmente en los servicios de urgencias de los Hospitales y Centros Sanitarios, así como en los Centros de Atención Primaria.

Como ya he tenido ocasión de manifestar en varias ocasiones, los servicios de urgencia son el alma y espejo de cualquier Hospital, pues es donde el facultativo debe tomar decisiones inmediatas y dedicar el tiempo necesario en atender al paciente y derivarlo, en su caso, al especialista que corresponda. Y todo ello, con la presión que supone saber que tiene un gran número de pacientes esperando a ser atendidos. Y es ahí donde radica el problema, pues los pacientes y/o familiares no comprenden el por qué deben esperar tanto tiempo en ser atendidos en una situación que, para ellos, es dramática.

Hay que considerar que detrás de la violencia contra el personal sanitario, existe un entramado causal de una gran complejidad. El sufrimiento y el dolor favorecen las situaciones de conflicto en la tan necesaria comunicación médico/paciente, pero no debe caer en el olvido el estrés profesional, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial, que suponen, qué duda cabe, una merma en la capacidad del profesional para afrontar este tipo de situaciones.

Es por ello, que la Administración, en el caso de la sanidad pública, y los responsables de gestión de la sanidad privada, deben tener en cuenta estas circunstancias, y dotar a los servicios de urgencias de los medios humanos y técnicos necesarios para evitar o en su caso, disminuir las agresiones al personal sanitario.

La entrada en vigor el pasado 1 de julio de 2015 de la reforma del Código Penal, que contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado a la autoridad, es a mi juicio, el avance más importante en la lucha contra este problema, pero consideramos de todo punto necesario, que se haga extensible a los profesionales que trabajan en la sanidad privada, lo contrario sería absolutamente discriminatorio.

Al margen de las agresiones, y en la misma tolerancia cero, debemos colocar, las coacciones, maltratos, injurias y/o vejaciones a los profesionales sanitarios.

Al igual que al profesional sanitario se le exige que ponga todos los medios que tiene a su alcance para realizar una asistencia sanitaria satisfactoria para el usuario, resulta incuestionable que el profesional debe denunciar ante los Tribunales cualquier tipo de agresión, amenaza o coacción que sufra en el ejercicio de su actividad. Y como prueba palpable que los Tribunales se han puesto firmes e implacables en éste tipo de cuestiones, son dos Sentencias dictadas recientemente. Una por la Audiencia Provincial de Alicante que confirmó la condena a un paciente por agredir a un Celador, el cual ha sido considerado “como autoridad pública, no siendo personal estatutario ni funcionario, pero se le otorga esa condición por haberse producido los hechos durante el desempeño de sus funciones..”. Y otra de éste mismo año, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 10 de Valencia, el cual considera que la agresión sufrida por el facultativo en sede judicial, al ir a declarar como investigado por un presunto delito de homicidio profesional en el ejercicio de su actividad, tiene la consideración de Autoridad, y por tanto se condenó al paciente, como autor de un Delito de Atentado.

En definitiva, deben de reforzarse las medidas preventivas para proteger a todos los profesionales y con ellos, al conjunto del sistema sanitario, y por supuesto, las Administraciones Públicas deben expresar su claro compromiso en erradicar este problema y realizar campañas para concienciar a la sociedad de las agresiones a profesionales y que los servicios sanitarios son un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma responsable.

*Carlos Fornes es presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana