Caso Taula

Ribó reincorpora a los asesores investigados del PP tras negarse a hacerlo

El tripartito defendió ayer que no se les restituyera, pero finalmente la Junta de Gobierno Local lo ha aprobado

Joan Ribó, durante un acto de campaña
Joan Ribó, durante un acto de campaña - MIKEL PONCE

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado finalmente la restitución de los asesores del PP investigados en el caso del presunto blanqueo de capitales y estos podrán volver a sus puestos tras ser suspendidos de empleo y sueldo el pasado 5 de febrero.

La petición ya había sido realizada por los populares después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia anulara la resolución del Consistorio respecto a Luis Salom.

Sin embargo, en la Comisión de Gobierno Interior celebrada ayer el PP pidió que se instara a la Junta de Gobierno Local para que en la próxima sesión ordinaria (celebrada este viernes) procediera al levantamiento de las medidas cautelares, pero el tripartito se negó.

La justificación que expusieron fue que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se encontraban estudiándolo. Explicaban, además, que «tenía que prevalecer el interés público, que se vería menoscabado de levantarse la medida acordada, toda vez que podría suponer una quiebra de la confianza ciudadana en la honestidad y el adecuado desempeño de las funciones de los empleados públicos».

Al final, Compromís, PSPV y Podemos han tenido que ceder lamentando que han hecho «todo lo posible» por sacar a los asesores del Consistorio.

En la sentencia de Salom, el juez destacaba que por el momento no consta que en las actuaciones penales iniciadas por el supuesto caso de blanqueo se haya adoptado medida judicial (o cualquier otra) que determine la imposibilidad de desempeñar su puesto de trabajo en condición de confianza o asesoramiento especial para el PP y que en este caso «se constata una falta de definición de los hechos sobre los que se basa la suspensión, puesto que únicamente se basa en la información pública difundida en los medios de comunicación».

Indicaba asimismo que no ha quedado acreditada la existencia de «elementos de particular urgencia en el establecimiento de la medida de suspensión provisional» y que, en consecuencia, se debería haber dado audiencia a Salom para que alegase lo que considerase oportuno. El Ayuntamiento no se atrevió a recurrir esta decisión judicial.

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