Caso Taula

Un responsable de Trasgos apunta a Grau como su interlocutor para los pagos de la campaña de 2011

Una de las asesoras del Ayuntamiento de Valencia que se negó a participar en las donaciones al grupo reitera que no mantenía una relación estrecha con el vicealcalde

Alfonso Grau, acude a declarar en una imagen de archivo
Alfonso Grau, acude a declarar en una imagen de archivo - ROBER SOLSONA

Uno de los responsables de la empresa Trasgos, encargada de las campañas electorales del PP del Ayuntamiento de Valencia (a través del que llegó a recibir 2,6 millones de euros), ha apuntado al vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, como su interlocutor para los pagos de la campaña de 2011.

El juez había citado a este administrador de la agencia en el marco de la pieza que investiga el presunto delito electoral (financiación irregular) del grupo municipal, y que se instruye junto al supuesto blanqueo de capitales. Antonio Puig aseguró que se llegó a reunir con Grau en varias ocasiones para tratar diversas ofertas y que no negoció ninguno de los pagos con la exsecretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster. Todos ellos se realizaron, eso sí, con cargo a la supuesta cuenta opaca del grupo que nunca fue fiscalizada.

La declaración de Antonio Puig contradice a la del propio Grau, quien, aunque reconoció que le llegó un presupuesto para la campaña de 2011 que rechazó inicialmente, señaló al comité electoral como el encargado de los pagos puesto que su cometido en este año se limitaba a la preparación de programas y a la coordinación, mientras que en la campaña 2015 ya se encontraba fuera del Ayuntamiento. El vicealcalde indicó que no firmó nada (pese a que figuraba como autorizado en la supuesta cuenta opaca del grupo municipal), que no realizó ninguno de los pagos y que daba por hecho que todos ellos eran legales.

Su testimonio trató de desmentir, a su vez, al de García Fuster, quien en su anterior comparecencia achacó la responsabilidad de todos estos abonos a Grau.

Donaciones

Aparte de la declaración de Puig, ayer tuvo lugar también la de Patricia Iserte, una de las asesoras que se negó a realizar la donación de mil euros que luego les habría sido devuelta en dos billetes de 500 a los ediles y asesores. Reiteró ante el juez que fue presionada por García Fuster para entregar la aportación, pero que entendió que era blanqueo y no lo hizo, motivo por el que discutieron. En este sentido, afirmó que se sintió «amenazada», aunque no supo explicar el porqué dado que ya había decidido dejar su trabajo después del verano de 2014.

Iserte, una de las testigos clave de la pieza del llamado «pitufeo», explicó que conoció a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante una conferencia de esta útima en la Universidad Georgetown cuando ella estudiaba en Washington. Le ofreció trabajar para ella y aceptó.

Negó que viera billetes en el grupo municipal y que presenciara alguna entrega de dos de 500. Pero volvió a mencionar el episodio con el asesor Luis Salom, quien, según comentó, le enseñó los suyos en plena calle.

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