Hospital Universtario de La Ribera, del grupo de centros gestionados por Ribera Salud
Hospital Universtario de La Ribera, del grupo de centros gestionados por Ribera Salud - ROBER SOLSONA
Valencia

Rechazan la suspensión cautelar pedida por Ribera Salud del acuerdo de reversión a la Sanidad pública

El TSJCV no atiende la solicitud del grupo empresarial y la Generalitat justifica que la concesión debía prorrogarse tras 15 años solo de mutuo acuerdo

VALENCIAActualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado la suspensión cautelar del acuerdo de reversión del Departamento de Salud de la Ribera solicitado por el grupo Ribera Salud.

El auto del TSJCV, que no es firme y frente al cual cabe recurso de reposición, asegura que no se justifican todos los "perjuicios irreparables" que Ribera Salud asegura que se producirán si finalmente se lleva a cabo esta reversión el 1 de abril de 2018, como ha anunciado el Gobierno valenciano.

Señala que los motivos alegados por Ribera Salud "no pueden ser estimados" porque la Administración, "vencido el plazo fijado, determina la no continuación del mismo".

El grupo empresarial pedía la suspensión de dos resoluciones que acordaban no prorrogar la concesión y solicitaba la continuación de la prestación de la gestión sanitaria en el departamento de La Ribera por las "ilegalidades" que, a su juicio, se llevaron a cabo en el procedimiento y por la "infracción de los principios de transparencia y buena fe".

También alegaba que con la reversión se producen "daños" a los 1.800 trabajadores que se habían intentado paliar con un anteproyecto "claramente insuficiente e inconstitucional".

Además, indicaba que se desmantelaba la estructura creada por el concesionario, la extinción de un gran número de contratos de servicios y suministros, la pérdida del sistema de gestión organizativa pionero, la paralización de 130 líneas de investigación o el caos por el traslado de las historias clínicas.

Señalaba que la continuidad del contrato supone un "quebranto económico" para la Generalitat de más de 45 millones de euros y que el desmantelamiento de la estructura asistencial "genera un riesgo cierto de perjuicio para la atención sanitaria".

El abogado de la Generalitat se opuso a las pretensiones de Ribera Salud y señaló que, según el contrato, se acordó una duración de 15 años con una posibilidad de prórroga para cinco años más, pero "necesitándose el mutuo acuerdo".

También indicó que la asistencia "seguirá siendo atendida por el mismo personal" y los servicios sanitarios "seguirán siendo dispensados en los mismos edificios", y señaló que de admitirse el recurso "bastaría con abonar a la UTE las cantidades dejadas de percibir".

Ribera Salud ha asegurado este jueves que está analizando el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que rechaza su petición de suspender cautelarmente la decisión de la Conselleria de Sanidad de revertir la concesión del área de salud de Alzira, que expira el próximo 31 de marzo, resolución sobre la que ha expresado un "máximo respeto".

«Análisis en profundidad»

Desde el Departamento de Salud de La Ribera afirman en comunicado que están analizando el auto, contra el que cabe recurso y que no entra en el fondo del asunto, y consideran que se trata de una cuestión que requiere de un análisis "en mayor profundidad".

"Nuestra voluntad es convencer al tribunal con argumentos y seguir defendiendo el modelo de colaboración público privada quedurante 18 años hemos implantado con éxito en el Departamento de Salud de La Ribera, cuyos beneficios para la administración, los ciudadanos y los profesionales son múltiples, tal y como avalan numerosos estudios independientes tanto nacionales como internacionales y, recientemente, el informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana", añade.

La sala entiende en el auto que en la decisión de Sanidad de no prolongar el contrato con la UTE Ribera Salud "no se producen perjuicios de imposible o difícil reparación", no existe sospecha de "una infracción pura y simple" del ordenamiento jurídico y, en cuanto a la ponderación de intereses en juego, señala que, como apunta la Generalitat en su escrito de oposición, "la administración ya ha establecido un plan de trabajo para la reversión y ha incurrido ya en un considerable gasto público".