TENSIÓN PARA REVISAR LA GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN ALICANTINA

PSOE, Compromís y EU solo investigarán la «era Ripoll» si presiden la comisión

La oposición en la Diputación lanza un órdago porque los servicios jurídicos provinciales van a verifican la legalidad de la elección sin el voto ponderado de cada partido

José Chulvi, Raquel Pérez y Gerard Fullana, este miércoles en la puerta de la Diputación
José Chulvi, Raquel Pérez y Gerard Fullana, este miércoles en la puerta de la Diputación - JUAN CARLOS SOLER

PSOE, Compromís y Esquerra Unida solamente seguirán adelante con la comisión de investigación de la gestión en los últimos 12 años en la Diputación de Alicante -fundamentalmente, los mandatos del expresidente José Joaquín Ripoll- si la diputada de EU, Raquel Pérez, ejerce la presidencia.

Es el órdago que han lanzado los portavoces de los tres grupos de la oposición, tras la elección de Pérez sin tener en cuenta el voto ponderado, es decir, la representatividad de cada partido en la Corporación provincial, como se hace con el resto de comisiones. El equipo de gobierno del PP ha encargado a los servicios jurídicos de la institución provincial que verifiquen si esta fórmula se ajusta a la ley, pero las tres formaciones de izquierda han advertido de que si no se les da la razón, abandonarán la comisión de investigación.

Como ejemplo, la misma comisión en el «caso Taula» de Valencia se constituyó con el sistema de voto ponderado, por lo que desde las filas populares han calificado de "incoherencia" la postura de estos tres partidos, que sí han respaldado ese procedimiento en la otra provincia.

El vicepresidente de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, del PP, ha puesto en duda la elección por esta razón, al ejercer como presidente en funciones de la comisión en su sesión constitutiva ante la ausencia de César Sánchez. Por su parte, el diputado no adscrito Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos) se han opuesto también a la propuesta de que presida la representante de EU.

En la sesión han participado Eduardo Dolón (PP), Fernando Sepulcre (no adscrito), José Chulvi (PSPV-PSOE), Gerard Fullana (Compromís) y Raquel Pérez (EU).

El segundo punto del orden del día era la elección de un presidente para la comisión y la propuesta del presidente de la Diputación, César Sánchez, era el propio Dolón, pero la oposición ha enmendado esa propuesta y ha elevado la candidatura de Pérez, según han explicado a Efe fuentes de Compromís.

En ambas votaciones se ha aprobado por tres votos a favor (PSPV-PSOE, Compromís y EU) y dos en contra (PP y no adscrito).

También ha recalcado Dolón que ha sido una primera sesión con "muchas discrepancias" debido a las quejas de los miembros de la oposición sobre la presencia de Sepulcre, pues consideran que no tiene derecho a participar de ella por ser no adscrito.

En cuanto al objetivo de la comisión, ha destacado que "la voluntad del gobierno provincial es absoluta" y que querían empezarla "inmediatamente" ya que no tienen "nada que ocultar".

No al código de buen gobierno

También este miércoles, el Pleno de la Diputación de Alicante ha rechazado adherirse al Código de Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana durante la sesión plenaria celebrada hoy, y en la que el PP y el diputado no adscrito han votado en contra de la propuesta de Compromís.

El diputado José Manuel Penalva ha sido quien ha defendido esta moción y la ha justificado en la necesidad de "revertir" la "sombra de sospecha" que la sociedad pone en los últimos tiempos sobre la política y quienes la ejercen.

Tanto el PSPV-PSOE, como EU y el grupo proponente han votado a favor de adherirse a este código, pero sus 15 diputados no han sido suficientes contra los 16 que suman PP y Sepulcre.

El diputado de Buen Gobierno y Transparencia, el popular Adrián Ballester, ha defendido que el documento de la Generalitat es "sectario", punto en el que ha coincidido Sepulcre, y ha abogado por aprobar uno concreto para la institución provincial alicantina, el que está ultimando la Federación Española de Municipios y Provincias.

Para Ballester, el código del gobierno autonómico "prohíbe a los políticos ir a un acto religioso", extremo que Penalva ha asegurado que "es falso".

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