El PP pregunta a Ribó por qué suspendió a sus asesores mientras mantiene a agentes investigados por maltrato

El PP del Ayuntamiento de Valencia ha registrado varias preguntas acerca del método de tramitación de los expedientes disciplinarios en el Consistorio. Una de ellas se refiere específicamente a la «proporcionalidad» de la medida adoptada por el alcalde, Joan Ribó, de suspender de funciones a los asesores del grupo tras su investigación por presunto blanqueo de capitales.

Este cuestionamiento se debe a la insuficiente información que, según los populares, les ha proporcionado el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, sobre expedientes disciplinarios iniciados desde el mes de junio de 2015 al mes de septiembre de 2016.

En su última respuesta, el edil explica que éstos se basan en «el principio de proporcionalidad que precede las actuaciones de este Gobierno Municipal, que se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, razonadamente y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que a tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto, al efecto de adecuar el presunto hecho constitutivo de infracción con la medida cautelar adoptada».

Así, hacía mención a que el Servicio de Personal únicamente había abierto dos expedientes disciplinarios en este periodo de tiempo. El PP, sin embargo, replica que solicitó todos estos documentos, de forma que habría que añadir los tramitados desde Policía Local que han recopilado a través de las actas oficiales de las Juntas de Gobierno Local.

Según la documentación aportada por los populares, en éstos constan cuatro iniciados por motivo de una intervención judicial de diversa índole: un agente detenido y puesto en libertad con cargos por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, receptación y omisión de perseguir delitos; un agente detenido por un presunto delito de violencia de género con medida cautelar del Juzgado de orden de alejamiento sobre la víctima; un agente condenado por un delito contra la seguridad vial con multa de 4 meses con cuota diaria de 10 euros y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 8 meses; y un agente investigado judicialmente por la comisión de un supuesto ilícito penal de violencia de género con medida cautelar del Juzgado de orden de alejamiento sobre la víctima.

Del total de tramitados (alrededor de 30), el PP señala que sólo uno conlleva la medida extrema de suspensión provisional de funciones, motivado por la detención por un presunto delito contra la salud pública contra una Agente de Policía Local de Valencia.

Los populares preguntan, en este sentido, por qué se ocultó el listado de expedientes tramitados desde Policía Local contra 33 agentes de Policía Municipal. Cuestionan, igualmente, por qué motivo no se aplicó la medida extrema de suspensión provisional de funciones a los agentes expedientados por un procedimiento judicial. Y, por último, si vista esta documentación, la suspensión de los asesores investigados por blanqueo fue «proporcional» pese a que «el delito es de carácter patrimonial ajeno a sus funciones laborales y el juzgado no adoptó ninguna medida cautelar».