El alcalde (centro), junto a Barcala (derecha) y el diputado provincial Carlos Castillo
El alcalde (centro), junto a Barcala (derecha) y el diputado provincial Carlos Castillo - JUAN CARLOS SOLER
Alicante

El PP denunciará en Fiscalía el fraccionamiento de contratos en el área de Comercio dirigida por el alcalde

El socio de gobierno municipal Guanyar anuncia que será «contundente» si se prueban irregularidades

ALICANTE Actualizado: Guardar
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El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este sábado que su grupo presentará el próximo martes 18 de abril ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial una denuncia por el presunto delito de prevaricación administrativa en el posible fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, a raíz de informes al respecto del jefe de servicio y el interventor municipal sobre una campaña publicitaria.

La denuncia está dirigida ante las posibles responsabilidades de los dirigentes políticos -la citada área de gobierno la dirige el propio alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE)- y otros cooperadores necesarios, sobre estas presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos", según ha informado el PP en un comunicado.

Uno de los socios de gobierno, Guanyar Alacant, ha anunciado también este sábado que "será contundente en el caso de que se demuestre una mala praxis política o cualquier acto ilegal". Asimismo, han comunicado que apoyan la creación de una comisión de investigación municipal "para disipar cualquier duda", al tiempo que corroboran que estas dudas quedan reflejadas en sendos informes del Jefe de Servicio de Comercio y del Interventor Municipal. "A su vez exigimos que se depuren las responsabilidades de todo tipo, incluidas las políticas, que pudieran derivarse de este asunto", ha apostillado.

Tras comprometerse a facilitar "escrupulosamente" toda la documentación a la ciudadanía, han apostillado que "el fraccionamiento de contratos es una práctica ilegal, en muchas ocasiones ligada a la opacidad y al amiguismo, que no puede tener cabida en ninguna administración pública".

Al destaparse el posible escándalo, el alcalde se mostró confiado en que todo se aclarará y aseguró que no había ninguna irregularidad consciente por su parte.

«Posible prevaricación»

El portavoz popular ha explicado que se trata de "un presunto delito de prevaricación administrativa consistente en la suscripción de contratos menores que implican el fraccionamiento de contratos que debieran haberse licitado con todas las garantías legales", mientras, según él, "se ha eludido dicho procedimiento adjudicando arbitrariamente diferentes trabajos y servicios".

Durante los últimos días, el PP ha llevado a cabo "una pormenorizada investigación de los hechos" y, una vez cerrada, las conclusiones a las que ha llegado el grupo popular les ha llevado a acordar presentar esta denuncia. "Consideramos que puede haberse cometido presuntamente prevaricación en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Comercio, cuyo responsable es el alcalde, Gabriel Echávarri", ha recalcado Barcalá.

Además, a juicio del PP, "existe una unidad de objeto entre varios de los contratos fraccionados que podían y debían haberse licitado como un único contrato, no existiendo justificación alguna para su fraccionamiento". Otro "dato llamativo" es que "en la contratación ha intervenido personal de confianza que carece de competencia para contratar, quienes han suscrito, por escrito y verbalmente los contratos".

"La primera evidencia administrativa de la suscripción de los contratos administrativos es la aprobación de las facturas que la realiza, casi en exclusiva el alcalde, Gabriel Echávarri". Unos contratos que "extrañamente no fueron colgados en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento", subraya el portavoz.

"Cuando las facturas han de ser mecanizadas para ordenar su pago, es cuando el jefe del servicio advierte lo que ha sucedido y alerta de las consecuencias elaborando el correspondiente informe que traslada a Intervención", ha añadido.

Por todo ello, el grupo popular estima que "las irregularidades son claras y no son meros errores o irregularidades administrativas, puesto que la tramitación administrativa es una de las cuestiones que se ha omitido, siendo un presunto delito de prevaricación".

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