El Ministerio de Fomento, objetivo prioritario de todos los partidos valencianos

Infraestructuras e inversiones para la Comunidad Valenciana son dos de las promesas principales que (sobre todo), durante estos días de campaña, se encuentran presentes en los discursos de los partidos a nivel autonómico.

La aspiración política va más allá de la simple exigencia a quien tome el control del próximo Gobierno y pasa a ser la de ejercer ese poder de forma directa. El Ministerio de Fomento se convierte así en el departamento que tienen como objetivo las formaciones.

Que un valenciano ocupara el puesto de ministro parece, al menos a priori, más una ensoñación que un proyecto real. Pero no lo es tanto el de llegar a controlar una Secretaría de Estado. Y aquí es donde todo apunta a que se volcarán los partidos a la hora de confeccionar el nuevo Ejecutivo tras el acuerdo que salga de las elecciones del 26-J.

Existen dos casos claros: Compromís y PP. El primero de ellos no ha ocultado que su deseo es llegar a Fomento y a Hacienda. «Me gustaría que un valenciano estuviera en el ministerio para paliar el déficit de inversiones en infraestructuras en la región», afirma el cabeza de lista de la coalición Compromís-Podemos-EU «A la valenciana», Joan Baldoví, en una entrevista con ABC. «Y tenemos cantera», añade antes de ser preguntado por si él o la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se animarían. ¿Será, pues, la cuota que exigirán en caso de apoyar a un Gobierno de izquierdas?

En el caso de los populares, fuentes del partido confirman que la intención es la misma. Según comentan, la líder regional, Isabel Bonig, ya mantuvo una reunión con varios miembros del partido (algunos en las listas al Congreso) para trasladarles la necesidad de reclamar este departamento y hacer efectivas las mejoras que necesita la Comunidad.

Éstas pasan, sobre todo, por el Corredor Mediterráneo y la conexión ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza. De hecho, esta misma semana los empresarios valencianos criticaban duramente al Gobierno central por su «trato discriminatorio» después de que el Consejo de Ministros aprobara los nuevos accesos ferroviarios al puerto de Barcelona, valorados en 77,2 millones de euros. Todo ello se une al cambio en el modelo de financiación autonómica, una reclamación continuada por parte de todos los partidos.