Libertad de enseñanza 27.1 lamenta el trato de algunos políticos a las reivindicaciones de la concertada

Representantes de la plataforma Libertad de enseñanza 27.1 lamentan el tono con el que algunos de nuestros representantes políticos están reaccionando a la demanda de miles de familias afectadas por la resolución del decreto de conciertos de la Conselleria de Educación. Para el conseller Marzá, todas las respuestas a la angustia de las familias afectadas quedan justificadas por el cumplimiento de su programa y la aplicación de cinco criterios con un amplio margen de interpretación.

Ante la insistencia del Consell, y concretamente de su presidente Ximo Puig y su vicepresidenta, Mónica Oltra, de tratar la enseñanza concertada como un “privilegio”, desde la plataforma se quiere dejar claro, una vez más, que “este modelo educativo está amparado por nuestra Constitución garantizando el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

“Privilegio sería destinar fondos públicos a un servicio que no tuviera demanda”, aseguran desde la plataforma, “pero es totalmente injusto considerar como privilegio un sistema educativo que ahorra dinero al erario público. Sería interesante saber cuánto se van a incrementar los gastos en el presupuesto de educación para atender a esos niños que ahora el Consell empuja a la pública. Un dinero que perfectamente podría destinarse a eliminar barracones en los centros públicos donde algunos niños asisten cada día a clase en condiciones lamentables”. Además, alegan desde Libertad de enseñanza 27.1, si la administración no tiene por qué mantener etapas que no son obligatorias sería cuestión de plantearse la existencia de centros públicos que oferten las mismas. Y aún más ¿Cómo se justifica con este argumento la apertura de aulas gratuitas de Infantil de 2 años en colegios públicos?

Desde la Administración Autonómica también se ha acusado a la organización de la manifestación del pasado sábado de “mentir” sobre la duración de los conciertos aprobados en la última resolución. Ante estas declaraciones la plataforma hace referencia a las dificultades que se van poniendo a la concertada día a día como es el caso del incremento de las ratios de alumnos por aula, una estrategia mediante la que se hace cada vez más difícil el mantenimiento de estos conciertos ya que si no se cumplen un número de alumnos, cada vez mayor, se eliminan las ayudas. Un incremento de ratios que, por ende, siempre va en detrimento de la calidad de la enseñanza y que puede suponer que el próximo mes de septiembre se eliminen más conciertos. Añaden además que no deberían acusar de mentirosos quienes en su campaña, en boca de Mónica Oltra, prometían que ningún alumno de la concertada tendría que dejar su colegio y en sólo dos años de gobierno ya han hecho que más de 8.000 alumnos tengan que replantearse su futuro, “acusan a la Plataforma de mentir cuando son ellos quienes están faltando a su palabra”

Este colectivo afectado por la polémica resolución de la Conselleria de Educación no puede entender que se pongan trabas y dificultades a algo que funciona bien, que los ciudadanos lo demandan, que cuesta menos dinero y que da buenos resultados. Es realmente incongruente, aseguran, “que si nuestros alumnos están contentos en su centro y además su educación sale más barata a las arcas públicas, se tache de privilegio la atención a su deseo de permanecer en su colegio en las mismas condiciones que hasta ahora disfrutaban”.

Para Javier Sebastián, portavoz de la plataforma Libertad de enseñanza 27.1, resulta indignante que tanto el President como el Secretario Autonómico y el propio Conseller, insistan en sus declaraciones públicas sobre el hecho de que son “pocos” los afectados. Para nosotros “ los alumnos no son números y que uno solo de ellos pierda sus derechos educativos es suficiente para dar sentido a nuestras reivindicaciones pero si, además, son casi mil los afectados, nuestra fuerza se multiplica gracias al apoyo que recibimos de cada una de sus familias y de aquellas que se solidarizan con el problema que les ha planteado el Consell a sólo unos días de la apertura del plazo de matrícula”.