Presunta financiación irregular
Justicia asegura que autorizó el presupuesto para la pericial ordenada por el juzgado que investigó a PSPV y Bloc
La Conselleria señala que no ha tenido «ninguna otra intervención en ese asunto»
La Conselleria de Justicia se ha pronunciado este martes sobre la pericial encargada por parte de la juez que ha investigado el caso de presunta financiación irregular del PSPV y el Bloc en las elecciones de 2007. Según consta en el auto de inhibición del pasado enero, la petición se producía al indagar en una operación que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Gandia durante la etapa de José Manuel Orengo (actual asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig) como alcalde y que se ha convertido en uno de los focos del caso.
Se trata de la adquisición de un inmueble en la localidad por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros, una compra que fue subvencionada al 50% por el Consistorio (257.000 euros). El local pertenecía a una mercantil administrada por el exteniente de alcalde en el Consistorio Antonio Gomar y, tras varios movimientos con empresas de familiares suyos, se vendió por casi el doble de lo que costó tres años antes.
En todos estos movimientos, la juez entendió pertinente la tasación pericial del valor que en el mercado tenía el local en la fecha de su adquisición. «No obstante, y al objeto de evitar que pudiese saltar a la luz la investigación en curso y se procediera a la destrucción de documentación relevante , se nombró un perito de fuera de la Comunidad Valenciana, sin que pudiese llevarse a efecto la diligencia acordada, al no aceptar el encargo el perito por falta de provisión de fondos », expone en el auto.
Ahora la Conselleria de Justicia ha tratado de aclarar que autorizó en abril de 2017 el presupuesto previsto para realizar dicha pericial. Según ha indicado, el 22 de marzo de 2017 el juzgado pidió al Servicio de Gestión de Unidades y Planificación de la Oficina Judicial de la Dirección General de Justicia que autorizara la designación de un agente de la propiedad inmobiliaria de Madrid para la realización de una tasación pericial acordada en la causa, que había sido declarada secreta.
El 28 de marzo de 2017 el jefe del Servicio de Gestión de Unidades y Planificación de la Oficina Judicial de la Dirección General de Justicia solicitó al juzgado información sobre el coste de la pericial ordenada.
El 7 de abril de 2017 el juzgado informa de que la pericial consiste en la valoración de un inmueble y que el coste de la misma asciende a 2.000 euros más IVA y el 19 de abril de 2017 se autoriza el presupuesto previsto para la realización del informe pericial.
Autorizado el abono del coste del informe pericial ordenado por la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València, esta conselleria «no ha tenido ninguna otra intervención en ese asunto, habiendo permanecido ajena a cualquier circunstancia relacionada con ese asunto».
La juez expresaba en su auto que la causa se remitió al juzgado de Gandia con esta prueba pendiente de practicar, además de la entrega del expediente administrativo de la subvención.
Queja ante el CGPJ
Por su parte, a secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha anunciado que el partido presentará una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ante el Síndic de Greuges , además de pedir la comparecencia de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tras conocer que "parece ser que ha habido algún problema referente a la falta de medios para hacer una pericial" por parte del juzgado de Valencia encargado de la investigación judicial por presunta financiación irregular de PSPV y el Bloc en la campaña de 2007.
Así lo ha explicado Ortiz en declaraciones a los medios tras conocer también a través de la prensa que "parece que ha habido algún tipo de injerencia política por parte del actual Consell" en esta causa. Su deseo "que se tomen las precauciones para que este tipo de cuestiones, de haber sucedido, se sepan y ver también que se toman una serie de cautelas para las próximas actuaciones judiciales".
"Es algo que nos parece gravísimo, mientras el presidente, Ximo Puig, está en China", ha dicho, recordando que esta semana no habrá sesión de control por este viaje. "A la siguiente le mandarán a Australia y a la siguiente a Alaska para que no tenga que dar cuentas", ha ironizado, para señalar que cree que van a asistir a "una fuga permanente".
Ha recordado que el viernes ya pidieron su comparecencia en el parlamento valenciano al tener conocimiento de que "no ha habido provisión de fondos desde hace tiempo para que se pudiera pedir un perito para la causa". "Me sorprende mucho y me parece muy grave que hayan tenido que salir de la Comunitat Valenciana algunas actuaciones, lo dice un auto y no Eva Ortiz o el PP para poder llevar a cabo un trabajo serio y responsable en esta causa", ha subrayado.
Eva Ortiz ha lamentado que "van pasando los días" y aquí "no sabemos nada" y los partidos implicados "intentan echar balones fuera". "No sé cómo se puede estar contento después de ver un auto que ya en su primer párrafo indica que hay una financiación irregular de PSPV y Compromís", ha agregado.
La dirigente del PPCV ha pedido "coherencia" a "todas estas personas que llevan tanto tiempo dando lecciones de moral y de ética" y a Ximo Puig, Mónica Oltra y Enric Morera que asuman responsabilidades. "Como mínimo hay dos asesores, uno en Compromís y otro en el PSPV, que según lo que estamos conociendo, como mínimo tendrían que haber dado alguna explicación", ha reiterado.
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