José Luis Rodríguez Zapatero y Joan Ignasi Pla, en un mitin del PSOE en 2007
José Luis Rodríguez Zapatero y Joan Ignasi Pla, en un mitin del PSOE en 2007 - MIKEL PONCE
Presunta financiación irregular

La juez sitúa a la Administración de Zapatero en la trama del PSOE valenciano

La Fiscalía pide a la Policía que identifique a los responsables de la red de contratos para citarlos como investigados

VALENCIAActualizado:

La juez encargada durante el último año y medio de investigar una presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) tras una denuncia del PP en 2016 en una comisaría de Valencia ha puesto uno de los focos de la instrucción en la relación entre los socialistas y la empresa Crespo Gomar.

En un auto de inhibición en favor de los juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm fechado el pasado enero -al entender que los hechos no han tenido lugar en el partido judicial de Valencia-, explica la forma de operar de esta sociedad: «facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar».

Conforme a la documentación aportada -publicada por ABC- y al análisis policial, entiende que existen indicios de un posible delito electoral en la campaña de 2007 en ambos partidos. Aun así, se encontraría prescrito, como ha informado este periódico. Los hechos también podrían ser, en su opinión, constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y malversación, los cuales se siguen investigando.

Crespo Gomar fue presidida por Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar, y en ella trabajó también José Ramón Tíller. Ambos eran personas de confianza del exalcalde de la localidad José Manuel Orengo, actualmente asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Tíller asesoró, además de a Orengo, al exjefe del Consell Joan Lerma y a la exalcaldesa de Gandia Pepa Frau. Ahora es responsable de expansión internacional y comunicación de la empresa mixta Egevasa (participada por la Diputación de Valencia), que también figura en los papeles como donante del Bloc.

Especialmente relevante resulta la parte de la investigación que se lleva a cabo en dos juzgados de Madrid centrada en varios contratos con Crespo Gomar de Administraciones Públicas gobernadas por los socialistas. Entre ellas, el Gobierno central durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

En las actuaciones se cita uno de 184.138 euros en 2008 por parte del Ministerio de Sanidad -dirigido por Bernat Soria-, otro de 126.208 euros del Ministerio de Vivienda -en el que se encontraba Beatriz Corredor- y dos de Medio Ambiente -al frente del cual figuraba Cristina Narbona- por un total de 405.000 euros. Estos últimos se adjudicaron por Acuamed para comunicar las bondades de las desaladoras en Torrevieja y Denia. A ellos se une otro de Aguas del Júcar por 234.700 euros. Desde el Ayuntamiento de Gandia, la empresa recibió 159.362 euros en 2008, 104.737 en 2009 y 103.672 en 2010.

Por otra parte, se indaga en la contratación de los opinómetros en Benidorm, unos dispositivos para medir la opinión ciudadana sobre la gestión municipal que se pusieron en marcha a través del dinero del Plan E de Zapatero. La adjudicación fue a parar a la empresa Opino Media, dirigida por José Ramón Tíller y en la que figuraba como socio Alberto Gomar.

«Trato de favor»

En el auto, la juez revela que después de que la Policía recabara los datos, se ordenó un informe a Intervención General del Estado para analizar la tramitación de expedientes de contratación en los que resultaron adjudicatarias Crespo Gomar y Opino Media «ante el posible trato de favor que pudieran haber recibido como pago» a la financiación del PSPV-PSOE. El estudio concluyó que había irregularidades en la práctica totalidad de estas adjudicaciones.

Junto a la inhibición, la juez prorrogó el secreto de las actuaciones -ya levantado en algunos juzgados- después de que la Fiscalía pidiera a la Policía que identificara a los responsables de entidades públicas y empresas que hubieran participado en los hechos y que concretara su implicación con el objetivo de citarlos a declarar como investigados.