El juez mantiene la imputación al exalcalde de Cofrentes por cobrar sin trabajar

Otro investigado en el «caso Imelsa» que seguirá en el punto de mira judicial, pese a su intento por quedar al margen. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga las supuestas contrataciones ficticias en la Diputación de Valencia en una pieza separada del «caso Imelsa», ha rechazado la petición de sobreseimiento planteada por el exalcalde de Cofrentes, investigado en la causa por percibir, supuestamente, un sueldo de asesor sin trabajar como tal.

En un auto notificado este viernes a las partes, el magistrado señala que existen "sospechas razonables" de que Raúl Mateo Ángel Balufo fue contratado como asesor del exjefe de gabinete de la Diputación, Emilio Llopis, y percibió un salario de Imelsa "sin realizar ningún trabajo ni cometido específico que justificara dicha retribución", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

El instructor recuerda que la versión del exgerente de la empresa pública, Marcos Benavent, también imputado, le incrimina. Añade que, además, existe documentación en la causa que acreditaría que el investigado, que cuando compareció ante el juez se acogió a su derecho a no declarar, cobró un salario durante años y que, pese a ello, nunca estuvo dado de alta en el programa de control de presencia.

Coincide en ambos cargos

En su resolución el juez subraya la "coincidencia temporal entre el periodo de su contratación con el desempeño del cargo de alcalde de Cofrentes en el periodo 2007-2011".

El titular de Instrucción 18, que desestima el recurso de reforma interpuesto por el imputado contra el auto dictado en agosto por el que ya le denegó el sobreseimiento de las diligencias, mantiene que "basta que la información sumarial determine un juicio indiciario razonable sobre la posibilidad de existencia e imputación de una persona. A tal efecto, la actitud procesal, en cada caso, deviene en un indicio más. En este momento, este instructor ve como posible y razonable la imputación declarativa efectuada por otro co-investigado, y por eso no puede atenderse su petición".

Esta pieza separada por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental se dirige contra una veintena de personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent; el exdirector financiero de dicha sociedad y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para llevar a cabo contrataciones bajo sospecha.