Operación Taula

El juez de Imelsa imputa al PP por el blanqueo de capitales en Valencia

El instructor ofrece a Rita Barberá declarar voluntariamente antes de elevar la causa al Supremo

Imagen de archivo del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia - MIKEL PONCE

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha imputado al PP por un presunto delito de blanqueo de capitales en un auto en el que explica que los escritos presentados por el fiscal «contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha petición». Por este motivo, ha decidido interrogar de nuevo a cuatro investigados que en su día, estando la causa secreta, se acogieron a su derecho a no declarar. Se trata del concejal Alfonso Novo, la exedil María José Alcón, la exsecretaria del grupo municipal popular Mª Carmen García-Fuster y de la secretaria de ésta, María José Pi Palau, quienes, según el magistrado instructor, tenían, al menos indiciariamente, «mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito». Tendrán que declarar de nuevo ante el juez el día 8 de abril.

«Cabe la posibilidad de que quisieran, ahora, declarar, es decir, suministrar información que podría ser valiosa o reveladora de hechos o circunstancias ignotos en este momento, y que podrían servir para aproximarnos a la verdad, que es el único interés y finalidad de toda instrucción judicial», arguye el juez.

El instructor también ha acordado ofrecer a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al exconcejal Miguel Domínguez, la posibilidad de declarar voluntariamente en el marco de la pieza separada del delito del blanqueo de capitales (dentro del conocido como caso Imelsa) antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al contar con la condición de aforados. Así, considera oportuno seguir la doctrina del Tribunal Supremo y agotar la investigación para que, llegado el momento, tanto el TS como el TSJ dispongan de la máxima información que les pueda ser de utilidad para «valorar la implicación indiciaria de las dos personas aforadas».

Levanta el secreto de sumario

El magistrado ha decidido igualmente este lunes levantar el secreto de sumario de la pieza separada del blanqueo de capitales que afecta al grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano, mientras mantiene el de la causa más amplia (la de Imelsa) hasta el próximo 14 de abril como mínimo. La decisión responde así al escrito presentado por la Fiscalía para que elevara sendas Exposiciones Razonadas ante la Sala de lo Penal del TS y ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV al entender que existen indicios suficientes de la participación de Barberá y Domínguez en la comisión del delito de blanqueo de capitales por el que están investigadas 48 personas entre concejales, exconcejales y exasesores del Ayuntamiento de la ciudad.

De aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, ambos comparecerían ante juez y fiscal, asistidos por abogado, previa designación de procurador y habiendo tenido conocimiento de las actuaciones, informan desde el TSJCV. El juez les otorga un plazo de veinte días para declarar si lo desean. No serán interrogados. Alternativamente a esta comparecencia voluntaria, podrían presentar un escrito alegando lo que consideren oportuno en relación a los hechos investigados y a su posible participación en los mismos.

Rita Barberá, durante su última comparecencia pública
Rita Barberá, durante su última comparecencia pública- MIKEL PONCE

La declaración voluntaria de los aforados no implica proceder alguno del órgano judicial contra ellos y únicamente se trata, según recoge el auto, de un trámite que persigue garantizar su derecho de defensa «para que puedan dar a conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la investigación, que aparentemente les implica, antes de decidir sobre la petición interesada por el fiscal».

Además del auto en el que el juez acuerda practicar más diligencias antes de pronunciarse sobre la petición del fiscal para que eleve la Exposición Razonada al Supremo y al TSJ, el magistrado ha dictado una providencia en la que emplaza al Partido Popular para que designe a un representante procesal que habrá de prestar declaración en calidad de investigado (término que sustituye al de imputado) por un delito de blanqueo de capitales.

En esta resolución, el juez también solicita informe al representante del Ministerio Público para que se pronuncie sobre la oportunidad de declarar compleja la pieza separada del blanqueo y ampliar así de 6 a 18 meses el plazo para investigar.

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