Política
Imputan a la cúpula de Beatriz Corredor en Vivienda por el contrato con la agencia del PSOE valenciano
La juez cita como investigados por prevaricación y malversación a los altos cargos del Ministerio en la época de Zapatero
El cerco se estrecha sobre Beatriz Corredor. La magistrada del juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigados a la cúpula del Ministerio de Vivienda que en el año 2009 adjudicó un contrato por 126.208 euros a Crespo Gomar , la agencia de comunicación investigada por la presunta financiación del PSOE valenciano.
Así, entre los nueve nuevos imputados se encuentran el que fue subsecretario de Vivienda en la etapa de Corredor, Marcos Vaquer ; el director del gabinete de la ministra, Nicolás Mateos; la responsable de comunicación Eva Cuesta ; o la subdirectora general Irene Domínguez .
También se hallan entre los citados, de acuerdo con un auto fechado este jueves, Pedro Plasencia Fernández , exsubdirector general de la Oficina Presupuestaria en Vivienda; Irene Domínguez-Alcahuz Martín-Peña , abogaba jefe del Estado en el Ministerio de Vivienda en la etapa de que se investiga. Todos ellos participaron en el procedimiento para adjudicar el contrato.
La causa está abierta por los delitos de prevaricación y malversación y pone el foco en la etapa de Beatriz Corredor , actual miembro de la Ejecutiva del PSOE y una de las posibles alcaldables por Madrid .
La causa suma ya 26 imputados en total
Según el auto, Vaquer fue quien firmó el contrato de adjudicación y el certificado de conformidad con la factura, mientras que Mateos "redactó o firmó" el pliego de prescripciones técnicas para la realización de la campaña de publicidad contratada y "la declaración de urgencia" del procedimiento. Ambos deberán comparecer el próximo día 21. Este y otros contratos investigados en otras causas podrían haber servido para la financiación irregular de las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 del PSPV y del Bloc. La causa está abierta en cuatro juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm. Hay cinco contratos bajo sospecha, tres ministerios de la etapa de Zapatero ( Vivienda, Sanidad y Medio Ambiente, aunque en este caso los presuntos delitos han prescito) y ya se contabilizan veintiséis imputados.
En el caso del Ministerio de Vivienda, un peritaje de la Intervención General del Estado que forma parte del sumario de la causa que investiga el juzgado de Instrucción número 24 de Madrid respecto a la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano alertaba de «irregularidades que podrían ser constitutivas de infracción penal» . El documento indicaba que «existen en el expediente una serie de irregularidades de las que indiciarimente parece concluirse que estaba adjudicado antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales».
[Los tentáculos de Crespo Gomar, la agencia de cabecera del PSOE valenciano]
La juez que instruyó el caso en Valencia considera que los contratos con el Gobierno central en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero podrían haber sido resultado de un posible trato de favor a la empresa por haber financiado al PSPV-PSOE. En el caso de Vivienda, que dirigía Beatriz Corredor, el procedimiento de adjudicación por un importe de 126.208 euros se encontraba plagado de irregularidades según ha detallado la Intervención General del Estado en un informe. Por ello, están citadas la presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación y el interventor que presumiblemente autorizó el pago.
Calificación del fiscal
El sumario de la causa al que ha tenido acceso ABC incluye un escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid en el que, pese al estado inicial en el que se halla el procedimiento, aprecia la existencia de los posibles delitos de «prevaricación administrativa en concurso con malversación de caudales públicos y falsedad documental» . Todo ello sin perjuicio, añade, de que a medida que avance la instrucción se pueda realizar una mejor calificación. A través del análisis previo de la documentación, explica la fiscal, «se ha averiguado que algunas de las empresas han obtenido contratos públicos en procesos de licitación en los que se ha detectado la existencia de patentes irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito».
Para ello menciona un informe de la Intervención General del Estado . Una de las conclusiones principales es que la cronología para la adjudicación del contrato que suscribió el ministerio con la empresa Crespo Gomar resulta «incoherente e imposible». El documento, incorporado al sumario, detalla los incumplimientos que se dieron durante el procedimiento de adjudicación. Lo cual, en opinión de la juez -tal como se manifestó en el auto de inhibición-, hace sospechar que ya estaba otorgado «antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales».
El informe alerta de «irregularidades que podrían ser constitutivas de infracción penal» en el contrato de 126.208 euros concedido en 2009 a Crespo Gomar por el ministerio al frente del cual se encontraba Beatriz Corredor (en la actualidad miembro de la Ejecutiva federal del PSOE y posible alcaldable por Madrid para las próximas elecciones).
El informe aporta una serie de tesis relevantes . Una de ellas es que la propuesta definitiva de adjudicación se plantea en la mesa el 29 de diciembre, el mismo día en el que se aprueba y se firma el contrato. Todo ello sin haberse realizado el bastanteo de poderes por parte del Abogado del Estado -sin el cual no se puede formalizar un contrato-.
El documento también destaca que el contrato, para el que compitieron cinco empresas, se licita de forma urgente por el director de Gabinete de la ministra. Para la Intervención, «parece más una imprevisión» , puesto que no cumple con los requisitos que establece la ley en casos de urgencia. El objeto era una campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012, lo que según el documento no resultaría necesario adjudicar de forma inmediata puesto que ese plan del ministerio «no es algo sobrevenido».
Intervención también remarca una «inobservancia grave en cuanto a la composición y funcionamiento» de la mesa de contratación durante las diversas sesiones en las que se reúne, con la sustitución de algunos miembros cuya presencia no se acredita.
Advierte también de incumplimientos, como que no se espera a tener un informe técnico de las ofertas presentadas antes de abrir el sobre de la propuesta económica - lo cual es una garantía de transparencia - o que se inadmite una de las ofertas por baja temeraria sin una justificación clara.
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