Huelga feminista del 8 de Marzo
Un distintivo para las empresas que acaben con la brecha salarial entre hombres y mujeres
La Generalitat primará en las licitaciones a las compañías que acrediten claúsulas de responsabilidad social
Esta jueves, las mujeres están llamadas a la huelga feminista del 8 de marzo . Una protesta que trata de alertar sobre las discriminaciones que, a día de hoy, sufre el colectivo femenino. En la Comunidad Valenciana, donde el Consell ha dictado servicios mínimos al tratarse de una convocatoria de huelga de carácter laboral, se han implementado medidas en los últimos años que van desde el carácter simbólico -el actual es el primer Ejecutivo paritario de la historia y una de las Consellerias lleva por nombre Igualdad - hasta otras del ámbito práctico, como los distintivos para empresas que trabajen para acabar con la brecha salarial.
Esta iniciativa forma parte de los programas de Ggualdad y Asociacionismo y cuentan con una dotación de 300.000 euros anuales.
De acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Igualdad , un total de 87 empresas solicitaron en 2017 el visado para planes de igualdad (más en un año que en toda la legislatura anterior).
Asimismo, se han activado cláusulas de responsabilidad social, que se incluyen para que las empresas que liciten con la Administración se comprometan a cumplir objetivos y principios de carácter social, como puede ser respetar los permisos de paternidad.
Durante la actual legislatura se ha puesto en marcha la llamada Mesa por la Igualdad y contra la feminización de la pobreza de las mujeres en el mundo laboral. Esta Mesa contempla tres grupos de trabajo: uno específico de igualdad laboral y salarial, que abordará la brecha salarial entre género y la situación de los colectivos más vulnerables; un segundo que se centrará en la situación del mundo rural, y un tercero que trata los nuevos usos del tiempo y de una sociedad de persona que cuidan a personas.
En matertia laboral, la Generalitat ha aprobado un decreto para permitir a funcionarios trabajar tres días desde casa (si no son funciones de atención directa al público). En la línea de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral se han establecido permisos de paternidad de 45 días para los empleados públicos.
Asimismo, se han habilitado ayudas para programas de integración y la igualdad de las mujeres en el ámbito rural . Mientras, las entidades beneficiarias de eventos deportivos especiales que sean subvencionadas por la Generalitat deberán establecer un sistema de premios que respete el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
Cátedra de Economía feminista
La Conselleria que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra , destina 2,6 millones de euros a la Red de agentes de igualdad, que actúan en los municipios como «dinamizadores de las redes, servicios autonómicos y locales con perspectiva de género, además de trabajar conjuntamente con los coordinadores de igualdad de los centros educativos y con el personal responsable de las campañas de cribado universal de Sanidad», según explican fuentes del Ejecutivo.
En materia académica, se han concedido becas para la elaboración de estudios sobre igualdad y se ha entablado una colaboración con la Universitat de València para la Cátedra Economía Feminista.
El objetivo de estos acuerdos pasa por «visibilizar trabajos que tengan que ver con los cuidados y con elementos excluidos de los cálculos económicos para medir el rendimiento del país (especialmente el PIB)».
Nueva ley de Función Pública
Mientras, el anteproyecto de Ley de Función Pública reserva el 50% de plazas de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) al turno libre para incorporar savia nueva. Al respecto, el texto establecerá la «prohibición de la discriminación directa o indirecta en materia de derechos individuales, tanto en la retribución como en la formación y, en general, apostando por la conciliación desde la corresponsabilidad».
Para fomentar este último concepto, el permiso de paternidad se ampliará en dos semanas -de cuatro a seis- que se tendrán que disfrutar en las dos semanas inmediatamente posteriores al nacimiento, acogimiento o adopción.
Además, no se podrá producir la remoción o cese del personal que se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo o disfrutando de una situación de permiso de maternidad o paternidad. Esta previsión será también de aplicación a las víctimas de violencia de género.
Respecto a esta última materia, el anteproyecto se establece que cuando la empleada pública afectada por un caso de esta naturaleza reduzca su jornada en un 30% o menos para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social, sus retribuciones se mantendrán íntegras.
Además, la nueva normativa también está orientada a facilitar que las empleadas víctimas de violencia de género tengan más fácil la movilidad geográfica y con otras administraciones públicas en el caso de que lo precisaran.
