Política
El Gobierno recurre otras dos leyes del Consell: la antidesahucios y la de pobreza energética
El Ejecutivo central argumenta que ambas normas incurren en extralimitación competencial
El Gobierno central ha aprobado este viernes un acuerdo para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley «antideshaucios» y la de pobreza energética , ambas recientemente aprobadas por el Consell. Las dos normas, en opinión del Ejecutivo, incurren en extralimitación competencial e invaden las competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil y planificación general de la actividad económica.
En el caso de la primera -la ley de función social de la vivienda-, fue aprobada el pasado enero en las Cortes Valencianas con el apoyo del PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos , y el voto en contra del PP. Era la primera norma que el Gobierno valenciano sacaba por iniciativa propia durante la actual legislatura.
Ésta incluye la expropiación forzosa del usufructo de la vivienda por parte del Gobierno en caso de que se produzca un desahucio, afectando especialmente a los bancos, aunque también a fondos buitre o grandes tenedores. Una competencia que ha sido regulada por otras autonomías, donde el Ejecutivo central ya lo ha recurrido al Tribunal Constitucional. Además, el Consell Jurídic Consultiu emitió en su momento un informe en el que veía inconstitucional los puntos que afectan al sentido de la propiedad , adviertiendo de que no se puede forzar al banco a alquilar un piso a una persona desahuciada aunque el impago se produzca por circunstancias de emergencia social.
La propia consellera autonómica de Vivienda, María José Salvador, admitió el pasado marzo que el Gobierno advirtió sobre el recurso y, por esta misma fecha, propuso la creación de una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre la norma antes de interponer el recurso. Sin embargo, ésta parece haber servido de poco y, según fuentes conocedoras de las reuniones, desde el Consell se remarcaba insistentemente que era un mandato de las Cortes.
Si bien la ley, dice la nota de prensa del Consejo, tiene por objeto regular el derecho a disfrute de una vivienda asequible, digna y adecuada en el territorio de la Comunidad Valenciana, en los apartados objeto de impugnación -más de una decena de artículos- se extralimita el ámbito competencial .
Corte de suministro
Aparte de la de antidesahucios, el Gobierno también interpondrá el recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunidad Valenciana. Éste regula la declaración de un hogar en situación de vulnerabilidad social, en cuyo caso determina un procedimiento previo al corte de suministro.
Según la referencia del Consejo, la ley autonómica, en su artículo 3, establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para que las empresas de suministro corten el servicio a los ciudadanos . Por tanto, el Gobierno argumenta el recurso de inconstitucionalidad en la invasión de competencias y cita la sentencia del Tribunal Constitucional 62/2016 que ya afirmó la preferencia de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, recogidas en la Constitución.
