Política
La fórmula del tripartito valenciano para redistribuir las ayudas a los sindicatos
PSPV, Compromís y Podemos negocian que la modificación de la ley de participación institucional incluya pagos por delegado y en función del salario mínimo
Las Cortes Valencianas daban luz verde el pasado miércoles a traminar la proposición de ley presentada PP en la que pide cambiar la ley de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas -que aprobó el Consell de Alberto Fabra en 2015-, con el objetivo de abrirlas a otras entidades . En el texto también incluyen que sean mediante concurrencia competitiva y no directas.
La toma en consideración se produjo con el apoyo de todos los grupos menos el PSPV , quien se quedó solo en una votación que generó división con sus socios del pacto de Gobierno autonómico, Compromís y Podemos, los cuales se posicionaron favorablemente. Una postura más de cara a la galería -fuentes de la formación señalan que se hizo así porque sabían que iba a salir adelante igualmente-, ya que los socialistas tienen su propuesta medio esbozada.
La presentada por los populares -que cuenta con el criterio desfavorable del Consell, poco partidario de abrir este debate - seguirá su camino por la vía ordinaria e irá a comisión en primer lugar. Si se sacara, supondría que otros sindicatos aparte de UGT (cercana al PSPV) y CC.OO., como el CSIF (con quien el PP han mantenido diversas reuniones al respecto) o Intersindical (más próximo a Compromís), así como organizaciones empresariales ajenas a la CEV, pudieran optar a las subvenciones de la Generalitat.
La pregunta ahora es la forma en la que se articulará toda esa redistribución de subvenciones. PSPV, Compromís y Podemos -el cual ha renunciado finalmente a intentar tramitar su propia propuesta y enmendará la de los populares- tienen ya un boceto de lo que presentarán, aunque existen algunas diferencias entre los tres partidos.
Blindar la cantidad por ley
En lo que parece que se muestran de acuerdo es en la idea de blindar en la nueva ley que las ayudas se otorguen por delegado sindical y que éstas supongan entre un 8% y un 10% del Salario Mínimo Interprofesional , lo cual aumentaría los actuales 60 euros por representante. Una intención, exponen PSPV y Compromís, para evitar que cada Gobierno pueda reducirlas como ocurrió cuando el PP bajó la cantidad a los 12 euros. Ello se uniría a que puedan optar a subvenciones según proyectos por concurrencia competitiva.
Un debate que plantean sería también que la participación y la colaboración institucional pudiera establecerse en relación a la representatividad en los sectores . Una cuestión que abriría la puerta a multitud de sindicatos y sobre la que PSPV y Compromís no se muestran muy convencidos. Tampoco ven factible la idea de Podemos de ampliar a otro tipo de entidades -como asociaciones de vecinos o de consumidores - la participación.
Será durante los próximos meses cuando los grupos vayan negociando -las conversaciones ya han comenzado- sus respectivas propuestas que se mantienen abiertas, también a la espera de las opiniones de PP y Ciudadanos.
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