El fiscal del Supremo hace suyas las sospechas del juez del caso del blanqueo sobre Rita Barberá

Salvo que la Sala Penal del Tribunal Supremo desoiga el informe de la Fiscalía, es cuestión de tiempo (probablemente algunos meses) que la exalcaldesa de Valencia Rita Baberá, hoy senadora territorial del PP, acabe siendo investigada por el conocido como «caso del blanqueo», una de las ramas secundarias derivadas de la Operación Taula pero que, sin embargo, se ha convertido en la más mediática al afectar, siquiera tangencialmente hasta ahora, a uno de los rostros más conocidos de los populares en las últimas décadas.

El fiscal del Tribunal Supremo, que ha tardado tres meses en pronunciarse al respecto, hace suyas las sospechas del juez de Instrución 18 de Valencia, quien ha imputado a 47 personas (concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de Valencia) por blanquear dinero procedente supuestamente de donaciones en «b» al partido en las últimas campañas electorales, además de al propio PP como persona jurídica.

Un paso que, hasta la remisión del informe, no estaba tan claro que fuera a producirse.

Tras la remisión al Supremo de la exposición razonada del juez de Valencia, que no puede investigar a Barberá por su condición de aforada, en Génova se asumió que tarde o temprano la senadora y exalcaldesa acabaría imputada. Sin embargo, con el paso de las semanas y el archivo de otras dos causas contra Barberá (la relativa a los gastos de protocolo denunciados por Compromís y la de desobediencia a la Memoria Histórica denunciada por el PSOE), se empezó a especular con la posiblidad de que también el caso del blanqueo acabase archivado.

Porque si el Supremo decide que no hay indicios contra la exalcaldesa, la instrucción del juez de Valencia que ha terminado con 47 personas imputadas podría tambalearse. Es más, fuentes jurídicas aseguran que, de rechazar el Alto Tribunal investigar a la exalcaldesa, la investigación en la ciudad del Turia contra sus compañeros de partido estaba condenada al archivo más pronto o más tarde.

No parece que vaya a ser así. La Fiscalía del Supremo ve indicios suficientes de que Barberá participó en el presunto blanqueo que se investiga en Valencia como para pedir al Alto Tribunal que abra diligencias y designe instructor. Y hace suyas así las sospechas del juez que ha dirigido la causa (con ramificaciones interminables). A saber: es cierto que ninguno de los 47 imputados ha señalado a la exalcaldesa en sus declaraciones en sede judicial o ante la Guardia Civil. Es más, algunos directamente la han exculpado al asegurar que no tenía relación con la gestión de las cuentas del partido. Pero sí lo han hecho algunos testigos, y dos exasesoras arrepentidas. Y el juez de Valencia señala en su escrito, asumido por el fiscal, la cercanía de Barberá con la persona que recogió los donativos a través de los cuales se supone que se blanqueó el dinero negro: la exsecretaria del grupo Mari Carmen García Fuster.

Problema para Rajoy

En realidad, se trata de una cuestión de simple lógica: si Barberá realizó el donativo de 1.000 euros, como el resto (en el sumario obra una copia del talón que extendió a favor del PP), y el juez considera que esos donativos sirvieron para aflorar dinero de procedencia ilícita (después el partido, supuestamente, devolvía los 1.000 euros a los donantes en billetes de 500 euros procedentes de «mordidas»), no tenía sentido que Barberá no fuera investigada como sus compañeros de candidatura.

Ahora la Sala de lo Penal del Supremo tiene la última palabra. Si Barberá termina siendo investigada, posibilidad que cada vez está más cerca, su futuro en el Senado se complicará. La alternativa es que su permanencia en la Cámara Alta se convierta en munición para los partidos que quieren bloquear un Gobierno de Mariano Rajoy.