Política

El dilema del PP con los concejales de Valencia

La gestora creada tras el estallido del caso Taula trata de ser visible, pero quiere evitar un enfrentamiento con los ediles hasta que se resuelva su situación

Varios de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia
Varios de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia - ROBER SOLSONA

Los tiempos judiciales del caso Taula no juegan a favor del PPCV. La instrucción de la pieza separada en la que se investiga el presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros en el grupo municipal popular durante la campaña de los últimos comicios autonómicos junto al supuesto delito electoral (financiación irregular) se encuentra bastante avanzada, pero no se sabe exactamente cuándo puede darse por finalizada.

La parte exclusivamente de blanqueo que afecta a nueve de los diez concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia se encuentra, según fuentes cercanas al caso, a la espera de poder preparar la apertura de juicio oral. Se haría cuando concluyeran las diligencias del delito electoral, ya que el juez Víctor Gómez continúa solicitando documentación sobre los movimientos de las cuentas que se habrían usado para esta práctica y sobre la conformación de los diferentes órganos del partido (como el comité de campaña). Una de las declaraciones que se podrían dar próximamente es, indican las mismas fuentes, la de la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, al ser la administradora general de las candidaturas de 2011 y 2015.

Mientras la causa judicial sigue su curso, la toma de decisiones en el PP regional se ha ido retrasando, sobre todo por la duda ante el pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a la exalcaldesa Rita Barberá. Al abrir causa a la actual senadora, la dirección del partido considera que los movimientos han de empezar a producirse ya. Sobre todo en lo concerciente a la gestora presidida por Luis Santamaría constituida al disolverse el partido.

La razón es fundamentalmente la labor de oposición en la ciudad. Los nueve concejales imputados fueron suspendidos cautelarmente de militancia (junto a los asesores), pero siguen dentro del grupo popular, en el que ejerce de portavoz el único no investigado, Eusebio Monzó. Todos ellos defendieron que mantendrían su posición hasta la apertura de juicio oral y siguen trabajando normalmente, presentando mociones, preguntas e interviniendo en los plenos. Incluso convocando ruedas de prensa sin que la dirección regional o la gestora tengan previo aviso.

Acción política

Y esto es precisamente el resultado de la difícil relación entre el partido y los ediles, que supone un dilema para el PP. Éste trata de evitar (por ahora) un enfrentamiento con ellos a la vez que pretende comenzar a visibilizar la labor que está realizando la gestora. Un equilibrio que no resulta fácil. El órgano ha de tomar las riendas de la acción política (de modo provisional hasta el congreso) y de una oposición que no sea constantemente deslegitimada por el Gobierno local del tripartito, pero los movimientos pueden generar descontento en los concejales, que son los que realmente tienen acceso a toda la información del Consistorio (como contratos o documentación).

Un ejemplo de esta situación se ha dado esta semana. El partido había previsto una comparecencia ante los medios de Santamaría, que ha preferido posponer para, previsiblemente, la próxima semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hiciera público que abría causa contra el diputado Miquel Domínguez por blanqueo. Paradójicamente, quienes acabaron celebrando la rueda de prensa este viernes fueron los concejales. Concretamente, Alfonso Novo, con el objeto de criticar que los vecinos del Cabanyal sólo tienen un día para solicitar las ayudas de rehabilitación puesto que la convocatoria pública empezaba y acababa ayer. Incluso respondió a preguntas sobre la situación de Domínguez (de la cual no prefirió opinar) y de la suya propia. «Nosotros vamos a hacer lo que hicimos en su momento, seguiremos trabajando. Estamos sometidos a un procedimiento que se está llevando desde Madrid», afirmó.

Novo se refería al expediente informativo abierto desde Génova y que está todavía pendiente de resolver. Otro quebradero de cabeza para el PPCV. La esperanza en el partido era que éste se acelerara tras la decisión judicial sobre Barberá, pero parece que no habrá un pronunciamiento hasta que, como mínimo, se forme Gobierno. Aun así, tampoco descartan que la imputación de la tesorera nacional sirviera para zanjar el asunto. Esta espera mantiene atada de pies y manos a la presidenta regional, Isabel Bonig, quien se mostró partidaria desde el principio de exigir el acta a los ediles pero que todavía no puede actuar.

Con la gestora decidida a avanzar con una estrategia política de oposición y con una reestructuración del partido en Valencia marcando distancias con la etapa de Barberá, lo que más preocupa son las consecuencias a nivel interno. Pero admiten que de su aceptación dependerá también en gran parte la carrera hasta las próximas elecciones locales de 2019.

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