Los desencuentros de Podemos con sus socios socialistas en la Comunidad Valenciana

Transcurridos más de quince meses desde la firma del «Acuerdo del Botánico», los tres partidos que sucribieron el acuerdo (PSPV, Compromís y Podemos) se han afanado por mostrar una unidad de acción que se ha visto truncada en pocas ocasiones. Sin embargo, no han faltado los desencuentros, especialmente en materia prepuestaria. Así, en el debate parlamentario de las cuentas para el presente ejercicio, Podemos se mostró especialmente beligerante contra una subvención directa que el Consell tenía previsto otorgar a Carns de Morella S. L., una empresa fundada en su condición de alcalde por el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Finalmente, la ayuda directa cayó de los Presupuestos para 2016.

Otro punto de fricción ha sido la reapertura de la televisión valenciana.

Un asunto en el que Podemos trató de llevar el timón desde el Parlamento autonómico y que le llevó a desautorizar al Ejecutivo en sus intenciones de reabrir la señal en pruebas con motivo de la festividad del 9 d'Octubre del pasado año. A día de hoy, la fecha para el arranque de las emisiones continúa siendo una incógnita.

Cuando Podemos negoció el Gobierno de la Comunidad Valenciana con el PSPV y Compromís hace poco más de un año, puso encima de la mesa las tres propuestas que llevarían su sello a lo largo de los primeros años de legislatura pese a no formar parte del Ejecutivo: la nueva Radiotelevisión Valenciana, la creación de una Agencia de Igualdad y Derechos Sociales y una Oficina Antifraude para «prevenir y erradicar» la corrupción y las prácticas ilegales en el seno de las Administraciones Públicas.

Sobre este punto, cuando vea la luz poco tendrá que ver con la propuesta inicial de la formación morada. De hecho, todos los grupos políticos, incluyendo PSPV y Compromís, presentan enmiendas a la Proposición de Ley con las que se da un vuelco a la norma al solaparse en competencias con otros órganos de la Generalitat. Así, el organismo no podrá tener potestad sancionadora como se pretendía desde las filas de Podemos.

La Proposición de Ley de este nuevo organismo fue presentada públicamente en noviembre de 2015 y su tramitación fue aprobada por unanimidad el pasado febrero por el pleno de las Cortes.

Desde un principio, los socialistas rebajaron las pretensiones de Podemos al entender que chocaba frontalmente con competencias de la Administración y con, entre otros departamentos, la Conselleria de Transparencia. Su responsable, Manuel Alcaraz, ya se encontraba elaborando una propuesta similar, pero más cercana a las intenciones del Ejecutivo valenciano.

Ahora han sido los expertos en Derecho los que han tumbado prácticamente todo el planteamiento inicial de la Agencia, que en un primer momento se llegó a hablar de que tendría una docena de empleados y 400.000 euros de presupuesto, según detallaron los diputados de Podemos Antonio Montiel y Fabiola Meco.