Denuncian ante la Inspección de la Generalitat «trato de favor» en contratos de Castelló Cultural

La Inspección General de los servicios de la administración de la Generalitat Valenciana ha recibido una denuncia interpuesta por el sindicato CGT sobre un presunto "trato de favor" en la contratación de personal en Castelló Cultural durante la etapa del anterior Consell del PP. El escrito está presentado también ante la Dirección General de CulturArts y solicita que los actuales responsables revisen "de oficio" las contrataciones de personal laboral integrado en el 'holding' cultural público.

Así figura en el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, donde se asegura tener constancia "de un posible incumplimiento del requisito de titulación para acceder a un puesto". Se trata, en concreto, de la persona que desempeña el puesto denominado Protocolo y relaciones públicas Castellón Cultural, con unas retribuciones anuales de 39.429,31 euros, de acuerdo a las retribuciones del año 2016 publicadas en la página web CulturArts Oberta, detalla el texto.

Los denunciantes creen que la contratación "podría ser irregular y concurrir causas de nulidad" porque no les consta "ninguna publicidad de la convocatoria de selección del puesto que desempeña, y a la vez constan indicios serios de un posible trato de favor en el acceso al puesto". En este sentido, aluden a que la persona "fue miembro de la Junta Local del Partido Popular de Castellón" y citan un auto de 22 julio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre el caso Gürtel que recoge la declaración como testigo de la trabajadora.

Se da la circunstancia de que en la misma denuncia, el sindicato pide que se investiguen presuntas "irregularidades en la gestión de personal" del Instituto de Restauración (Ivacor), tras "no cumplirse" una sentencia que anuló el proceso de selección de varios trabajadores y la supuesta "grave irregularidad" en la selección del jefe de Sección de Contabilidad.

Depurar «responsabilidades»

Por todo ello, insta a la Dirección General de CulturArts -en la actualidad Institut Valencià de Cultura- y a la Generalitat a que se realicen las actuaciones necesarias a los efectos de comprobar los hechos denunciados y, en caso de que procediera, se iniciaran "los procedimientos administrativos correspondientes para la depuración de responsabilidades de los gestores, todo ello, sin perjuicio de dar traslado a la Fiscalía o al Juzgado correspondiente para el caso de que se aprecien posibles indicios de delito".

Para el denunciante, "salvo muy concretas excepciones, la selección del personal en los entes públicos que se integraron en 2013 en el ente público CulturArts se realizó vulnerando los principios constitucionales y las normas reguladoras del acceso al empleo público.

Este incumplimiento manifiesto y flagrante es causa de nulidad de pleno derecho de las contrataciones formalizadas, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 62 y 102 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común".

Por tanto, cree que ahora la administración "debería instar la nulidad de pleno derecho de las actuaciones previas a la formalización contractual, sometidas al Derecho Administrativo en cuanto que la decisión de seleccionar al personal se somete a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y, en virtud de la denominada doctrina de los 'actos separables', se trata de actos sometidos al Derecho Público".