La denuncia del Servef agrava la agonía de COEPA y Adolfo Utor se perfila como líder empresarial

La denuncia del Servef contra la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) por supuestamente haber duplicado facturas para recibir subvenciones -algo que han negado sus dirigentes- ha agravado la situación agónica de esta organización y en medios políticos y económicos ha empezado a sonar el nombre de Adolfo Utor, presidente de la naviera Baleària, como nuevo referente y líder llamado a presidir a los empresarios.

Para Francisco Gómez, que asumió hace unos meses la presidencia de COEPA en plena crisis interna y con una herencia difícil de digerir, la situación se torna incierta y sin una viabilidad clara.

Y no va a tener un aliado en el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, que este martes ha opinado que lo mejor que puede hacer es echar el cerrojazo a su organización.

COEPA debe «plantearse seriamente si hasta aquí ha llegado» y decidir si empieza «a crear una nueva patronal», ha declarado. Por lo que se ve, puede haber quienes ya tienen pensado incluso el candidato idóneo para presidente de la nueva organización empresarial: Adolfo Utor.

Figura de prestigio

Su trayectoria le avala, es evidente, porque entre otros logros ha alcanzado la máxima representatividad nacional del sector naviero, en la asociación ANAVE, al frente de la compañía líder en España -Baleària- y es miembro de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

No obstante, también despierta rechazo en otros ámbitos por su vinculación política en el pasado, como exconcejal socialista y miembro de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, según han puesto de relieve fuentes del PP, que ven la mano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, detrás de unas hipotéticas maniobras para catapultar a Utor, lo que consideran una «injerencia» en el sector empresarial alicantino.

Mientras se confirman o desmienten estos movimientos, la preocupación más acuciante que tienen en COEPA es aclarar y justificar los 3,8 millones de euros percibidos de fondos públicos investigados ahora por los tribunales, también ante el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).