Las Cortes Valencianas investigan sobrecostes de mil millones en la construcción de colegios públicos

Una de las líneas de investigación de la operación Taula, que suma ochenta imputados y se saldó con veinticuatro detenciones en la causa que destapó una «organización criminal» infiltrada desde 2003 en las Administraciones de la Comunidad Valenciana se centra en la empresa pública Ciegsa, creada por el Gobierno autonómico del PP para la construcción de colegios públicos. Uno de los detenidos en la operación, Máximo Caturla, fue el máximo ejecutivo de la compañía. Los investigadores creen que la trama cobraba comisiones a las empresas adjudicatarias de las obras, que en muchos casos se limitaban a levantar barracones en forma de aulas prefabricadas.

El actual Ejecutivo autonómico, formado por PSPV-PSOE y Compromís, esgrime un informe que eleva a mil millones de euros los sobrecostes acumulados por Ciegsa.

En este sentido, ell pleno de Les Corts Valencianes acordó este miércoles por unanimidad crear una comisión de investigación sobre las irregularidades en la empresa pública dedicada a la construcción de colegios Ciegsa, con sobrecostes cifrados en mil millones de euros, que está investigada también en el caso Imelsa.

La comisión de investigación, pedida por el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, y respaldada por el PP y Ciudadanos, delimitará si Ciegsa se ajustó a la legalidad, los sobrecostes y el impacto en las arcas públicas de la contratación de "barracones escolares".

El PSPV ha manifestado que esta es "la historia de una corrupción", ante la que el PP debe "pedir perdón y devolver el dinero"; Compromís ha asegurado que Ciegsa es un "pecado capital" y cabe "sacar a la luz toda la porquería"; y Podemos ha cuestionado el "saqueo" en esa empresa mientras los niños estaban en barracones.

El PP ha asegurado que son "los únicos interesados en saber la verdad" y ha acusado al resto de partidos de haber juzgado y condenado ya a Ciegsa, pese a que construyó 600 centros escolares, y Ciudadanos ha mostrado un "rotundo y sonoro sí" a la comisión sobre "otro nuevo caso de corrupción" que produce "vergüenza".

El portavoz socialista, Manuel Mata, ha afirmado que Ciegsa es un ejemplo de una mercantil que ha "arruinado" la Comunidad Valenciana, donde iban a parar "los primos, amigos y cuñados" del PP.

"La puñetera Ciegsa nunca debió haber nacido", ha agregado Mata, quien ha explicado que la empresa se ha "fundido" 2.800 millones de euros y no ha hecho "ni la mitad" de los centros programados, pagó el triple el metro cuadrado de colegio que otras autonomías y ha supuesto que muchos niños hayan pasado en barracones toda su etapa escolar.

El diputado de Compromís Josep Nadal ha denunciado los sobrecostes "del 30 %", que el PP "vendiera el metro de centro escolar público al mismo precio que un parquímetro en primera línea de playa", y el "misterioso incendio" de 2005 que destruyó documentación.

El exconseller de Educación Alejandro Font de Mora (PP) ha asegurado que ese incendio fue investigado por la Policía en tiempos del gobierno de Rodríguez Zapatero y determinó que fue accidental y se quemó material "no sensible".

La diputada del PP Beatriz Gascó ha afirmado que no van a "consentir" que se mezcle "un presunto caso de corrupción con un trabajo cuya prioridad era construir colegios" y que ha permitido poner en pie 600 centros y que 250.000 alumnos hayan estrenado centro educativo.

"Todos tenemos casos que nos abochornan, ustedes también", ha aseverado Gascó, quien ha asegurado que el PP es "el único partido realmente interesado" en la comisión de investigación, porque rechaza "de forma absoluta" la corrupción, y ha acusado al resto de grupos de estar "cómodos en el barro" y de "hinchar" los sobrecostes.

Además, ha defendido que si se creó Ciegsa fue porque "los gobiernos socialistas fueron incapaces de construir los centros que necesitaba" la Comunidad Valenciana, y ha resaltado: "sí a la comisión de investigación" y "no al fraude y a la corrupción", pero "también no" a la manipulación y el "abuso partidista" del caso por el Gobierno valenciano.