Política

Las Cortes justifican ante el TSJ la actividad parlamentaria de los «ex» de Ciudadanos

Los servicios jurídicos de la Cámara presentan un escrito para argumentar la decisión sobre los derechos de los diputados

Los diputados no adscritos en las Cortes Valencianas ROBER SOLSONA
Rosana B. Crespo

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Las Cortes Valencianas ya han respondido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después de que admitiera a trámite los recursos presentados por los diputados no adscritos David de Miguel y Domingo Rojo contra la Cámara por lo que consideran una obstrucción de su labor parlamentaria.

Ambos «ex» de Ciudadanos -que se marcharon del partido junto con Alexis Marí y Alberto García- acudieron a los tribunales después de que la Mesa de las Cortes les rechazara la presentación de interpelaciones a dos consellers al entender que no gozaban de los mismos derechos que el resto de parlamentarios por ser no adscritos.

Seguidamente, presentaron un recurso de reposición que también fue denegado por la Mesa con este mismo argumento, lo que finalmente conllevó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCV por vulneración de derechos fundamentales.

La sala del tribunal solició la semana pasada a las Cortes diversa documentación para justificar esta decisión que fue remitida este lunes, un día antes de que finalizara el plazo. Los servicios jurídicos de la Cámara se presentaron en sede judicial y entregaron un escrito en el que exponen dos argumentaciones: la primera, que el TSJCV no es el órgano competente para este tipo de cuestiones, dado que por el motivo del recurso -vulneración de derecho fundamentales- éste tendría que presentarse ante del Tribunal Constitucional . La segunda, que la regulación de la actividad parlamentaria se encuentra amparada por el reglamento de las Cortes.

Según un acuerdo de la Mesa de la Cámara en 2008 que se viene aplicando hasta ahora, las facultades y derechos reconocidos a los diputados no adscritos tienen carácter limitativo. El acuerdo se adoptó después de que los parlamentarios de Compromís Glòria Marcos, Marina Albiol y Lluís Torró (procedentes de Esquerra Unida) pasaran a ser no adscritos tras la ruptura con la coalición por la expulsión de la primera. Fue entonces cuando se reguló esta condición de los diputados y los derechos que tendrían.

Sin embargo, en el recurso, los letrados de Rojo y De Miguel justifican una vulneración de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de participación . En su opinión, en el acuerdo de 2008 «no se establece derogación alguna del derecho al ejercicio de otras facultades y actuaciones». En este sentido, remarcan que, pese a que entre los derechos de los no adscritos no se encuentra la presentación de proposiciones no de ley- según el acuerdo de 2008-, sí que se admitió a trámite una el pasado septiembre del propio Domingo Rojo sobre residuos sólidos urbanos (que además fue aprobada).

Ahora, será el TSJCV el que tenga que pronunciarse de nuevo tras el escrito presentado por los servicios jurídicos de las Cortes en, previsiblemente, un período corto de tiempo.

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