El Gobierno valenciano estima en 4,5 millones la exhumación de las 300 fosas comunes del franquismo

La Ley de Memoria Democrática que se aprobará próximamente recoge en su memoria económica una estimacion de 4.485.000 euros para la apertura de las 300 fosas comunes que existen en la Comunidad Valenciana, en las que se encuentran 11.000 fallecidos por la represión franquista y por la republicana sin identificar.

La norma, a cuyo anteproyecto ha dado luz verde el pleno del Consell este viernes, es similar a la impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y creará el Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas. A través de este nuevo organismo, se gestionará la atención a las personas que soliciten la exhumación e identificación de sus familiares enterrados, tal como han explicado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.

El primer paso que seguirá la Administración será diseñar el mapa por provincias, y que ya cuenta con el número de fosas: 71 en Castellón, 184 en Valencia y 44 en Alicante. Esta primera fase será de verificación y delimitación, con un coste de 3.000 euros por cada una.

En segundo lugar, se procedería la exhumación de los restos de las víctimas, para que lo se ha calculado una cantidad de unos 15.000 euros por cada fosa. En este caso, únicamente se haría si lo solicitara un familiar.

El objetivo de la ley, según han explicado Bravo y Oltra, es que la Generalitat tenga un papel activo. De este modo, denunciará a la autoridad judicial la existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien con ocasión de las localizaciones, identificaciones o hallazgos de restos que se produzcan.

Otras de las acciones previstas es la reclamación de los fondos documentales estatales de aquella época relacionados con la Comunidad Valenciana y que se impulsen medidas para la restitución del patrimonio documental incautado por las fuerzas franquistas.

Se estudiará en ESO y Bachillerato

La Memoria Democrática también llegará a la Educación, por lo que será incluida en el currículo de la ESO, del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas, así como en los planes de formación del profesorado y en los estudios universitarios que proceda. Igualmente, se impulsará la realización de proyectos de investigación y divulgación sobre la materia.

La norma también recoge la prohibición de la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática como nombres de calles y lugares, símbolos, títulos honoríficos y placas. Para ello incluye un régimen sancionador con multas comprendidas entre los 200 y los 150.000 euros en función de la gravedad de la infracción. Prevé asimismo sanciones no pecuniarias de carácter accesorio y consistirán en la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia de memoria democrática.

La ley, por otro lado, establece que la Generalitat llevará a cabo un Plan Estratégico de Memoria Democrática de carácter cuatrienal en el que se fijarán las actuaciones y se realizará un informe anual sobre los trabajos realizados y que será remitido a las Cortes. En este sentido, la Conselleria de Justicia ya ha creado una Comisión Técnica de Coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura.

Además, se declarará como día de recuerdo y homenaje de las víctimas el 28 de marzo, en recuerdo del fallecimiento del poeta Miguel Hernández.

La norma entrará en vigor a mediados de 2017, una vez sea aprobada por las Cortes Valencianas previa consulta al Consell Jurídic Consultiu.