Un momento del juicio por la estafa múltiple en Montroi
Un momento del juicio por la estafa múltiple en Montroi - EP
Valencia

Condenados a cárcel y multas el exalcalde de Montroi y otras 15 personas por delitos urbanísticos

La estafa consistió en edificar viviendas en suelo no urbanizable vendidas a decenas de extranjeros con notarios, arquitectos y constructores implicados

VALENCIAActualizado:

El exalcalde de Montroi Francisco Javier Carrión Gil y otras 15 personas han sido condenadas a penas de prisión y multas, y dos de ellos a indemnizar con 1,4 millones de euros a numerosos afectados por irregularidades urbanísticas con la construcción y venta de villas en el término municipal.

En una sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la Audiencia de Valencia condena al administrador de la sociedad Morarim a dos años de prisión y multa de seis meses a razón de 6 euros diarios como autor de un delito continuado de estafa en concurso ideal con un delito contra la ordenación del territorio.

Al exalcalde, que a través de una empresa propia realizó además la electrificación de una urbanización, le condena como cooperador necesario de un delito de estafa a un año y diez meses de prisión y multa de seis meses a 6 euros diarios.

Además, la Sección Tercera de la Audiencia considera a ambos, que confesaron los hechos, como responsables civiles a que indemnicen de forma conjunta y solidariamente en las cantidades que se fijen en ejecución de sentencia como cuotas de urbanización que corresponda a los perjudicados que posean viviendas en los polígonos afectados (un total de 75 propietarios). Asimismo, deberán indemnizar con 1.418.358 euros a otros diecisiete afectados.

Uno de los autores de la estafa constituyó en 2003, junto a otro socio, ya fallecido, la sociedad Morarim, para la promoción y construcción de viviendas, y adquirió terrenos en suelo clasificado como no urbanizable, sobre el cual se construyeron viviendas unifamiliares, la mayoría de ellas para extranjeros, con la ayuda de un intermediario inmobiliario.

Algunas de esas viviendas se edificaron sobre viales o caminos agrícolas y todas carecían de permisos y licencias en una urbanización inexistente y carente de toda dotación o servicio público, según la sentencia.

Promesas atractivas

Se ocultó a los compradores que las viviendas eran ilegales, y en cambio se les informó de que las obras estaban autorizadas, que las viviendas contarían con las dotaciones y servicios públicos esenciales, que construirían un lago, un campo de golf, un centro comercial, una comisaría de policía y un hotel.

Para convencerles de la legalidad de la construcción contaron con el "beneplácito" del entonces alcalde, Francisco Javier Carrión Gil, que incluso participó en la construcción realizando las obras de electrificación de una urbanización.

El exalcalde dio apariencia de legalidad a las construcciones y promovió la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en julio de 2007 que determinaría el carácter autorizable de las edificaciones, aprobación que se produjo sobre la base de un falseamiento de la realidad existente en el momento de la reclasificación.

Permitió la ejecución de las viviendas en una zona llamada Canya Murta sin autorización del PGOU, "fomentando de forma consciente" que los actuales constructores de las viviendas quedaran fuera de la obligación de costear las infraestructuras, y trasladando esas obligaciones a los propietarios de las viviendas.

Sobre el beneficio económico obtenido por el exalcalde con su empresa de electrificación, fue esa la contraprestación pactada con el dueño de Morarim a cambio de permitir la construcción ilegal de viviendas y de no proceder a la aplicación de la normativa urbanística vigente.

El dueño de Morarim y su socio, así como el intermediario inmobiliario, "engañaron" a los compradores y les causaron perjuicios económicos, por carecer de servicios básicos y tener que recurrir a costosos medios de suministro de electricidad por generador de gasóleo y de agua, y morales, porque muchos de ellos invirtieron todo o parte de su patrimonio en la vivienda para vivir en una villa, que luego no tenía ni luz ni agua.

De las 114 edificaciones construidas en Montroi, se adquirieron 95 viviendas. Esas construcciones causaron daños medioambientales cuyo coste de reposición asciende a 2,5 millones.

La Audiencia también condena a dos notarios, a un oficial de notaría y a un registrador de la propiedad, a varios arquitectos y a un ingeniero técnico, a un abogado y a una falsa arquitecta, así como a tres constructores, por delitos como falsedad documental y contra la ordenación del territorio, o como cómplices de estafa.

Además, como responsables civiles subsidiarias se condena a la mercantil Morarim y al Ayuntamiento de Montroi y su compañía de seguros Generali.