Caso Taula Cómo Imelsa pasó de la mala gestión a las «conductas delictivas»

La naturaleza de la empresa pública y el elevado presupuesto que manejaba son dos de las causas a las que apunta la investigación dentro de la empresa pública, mientras se alude a Rus como el que dirigía la «organización criminal»

Alfonso Rus, en los juzgados de Valencia
Alfonso Rus, en los juzgados de Valencia - ROBER SOLSONA

La naturaleza de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, y su casi inexistente limitación a la hora de llevar a cabo actividades de diversa índole, habría permitido desarrollar los contratos públicos con conductas que revestirían carácter delictivo más allá de una mera mala gestión.

El análisis que realiza la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dentro de la investigación sobre el «Call Center» tributario a la empresa Servimun (vinculada al exsuegro del que fuera gerente de Imelsa y autobautizado como «yonki del dinero», Marcos Benavent) va mucho más allá de este contrato. De hecho, sirve como inicio de una macrocausa que ya acumula 115 imputados por multiplicidad de hechos.

En esta pieza separada se estudia, precisamente, un ejemplo de esas irregularidades que la UCO hace extensibles a otro tipo de contrataciones del entramado y de las prácticas llevadas a cabo por el que fuera presidente de la Diputación, Alfonso Rus, uno de los investigados.

El elevado presupuesto que manejaba Imelsa y sus amplios campos de actuación habrían desembocado en que la empresa pasara a servir, desde el año 2007 (cuando accede Rus), a intereses particulares para obtener un beneficio ilícito, según considera la Guardia Civil.

«A lo largo de la investigación se ha podido constatar cómo existía un elevado interés por parte de Rus y otros imputados (incluyendo a su exjefe de Gabinete, Emilio Llopis, el exvicepresidente de la Diputación Juan José Medina y el exgerente de Ciegsa Máximo Caturla) para alcanzar la presidencia de la Diputación de Valencia. La consecución supondría mayor capacidad de gestión de presupuesto y un cambio en la forma de recaudar dinero procedente de comisiones», concluye el informe policial.

Colaboradores

Aquí cita un ejemplo de esta práctica: el contrato para el centro de atención multicanal para contribuyentes. Éste se adjudica a la empresa Servimun por importe de casi 843.000 euros para los años 2013, 2014 y 2015 con la intención, tal como señala el juez en su último auto, de favorecer a su responsable.

En ese proceso, señala el magistrado, actuó como «intermediario connivente» el suegro de Benavent, Mariano López, y se contó también con la «colaboración» del que fuera Jefe de Evaluación y Planificación de la Corporación Provincial, Salvador Deusa, para manipular el proceso de adjudicación «vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública».

Es decir, no fue una adjudicación a dedo sino un amaño del pliego de condiciones. Multitud de controles pasados por alto, presiones de por medio y varios cargos de Imelsa cómplices para alcanzar estos fines.

Pero este caso es sólo un ejemplo que consta en una pieza separada con 12 personas investigadas que declararán los próximos 12 y 16 de septiembre. Otro similar sería el plan de césped artificial, dotado con 32 millones de euros y que se realiza en diversos municipios de la provincia, se beneficia principalmente otro empresario.

Aunque en esta investigación no se habla específicamente de las comisiones de entre un 2 y un 3% por cada contrato público dentro del caso, el Fiscal Anticorrupcón cree que Rus dirigía «una auténtica organización criminal justificada para el desvío de fondos públicos en beneficio propio y de terceras personas». Una «persistencia» en los hechos que se manifiesta «desde el inicio de su actividad como político y se mantiene durante todos los cargos públicos» que ha ostentado desde 1995.

Personal

Otras de las investigaciones del juez se centran también en las contrataciones de personal, ya conocidos como los «zombies» de Imelsa por, presuntamente, cobrar sin acudir a su puesto de trabajo. Algunos han reconocido que así era arrepentidos de haber colaborado en la trama. Otros han preferido no declarar, aunque esta actitud delataría que los hechos eran ciertos al no haber podido detallar las actividades que realizaban.

Tanto en esta pieza como la de Servimun se ha levantado ya el secreto de sumario (aparte de en la del supuesto blanqueo de capitales en el grupo del PP del Ayuntamiento de Valencia). Próximamente se conocerá el de las posibles irregularidades en adjudicaciones de la Concejalía de Cultura del Consistorio, dirigida por una de las principales imputadas en este caso, María José Alcón. Concretamente, se trata de las de la celebración de la XVII Mostra de Valencia del 2006 y la restauración de edificios de la ciudad.

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