Antonio Montiel, en las Cortes, en una imagen de archivo
Antonio Montiel, en las Cortes, en una imagen de archivo - MIKEL PONCE
Política

La comisión de garantías de Podemos detecta una decena de irregularidades en contrataciones

El órgano hace hincapié en el caso de un responsable de área que era familiar de la persona que finalmente se contrató

VALENCIA Actualizado: Guardar
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Una decena de irregularidades en las contrataciones de Podemos han sido detectadas por la comisión de garantías del partido en la Comunidad Valenciana. El dictamen de este órgano concluye que se ha vulnerado el principio de igualdad de todos los participantes durante el proceso que tuvo lugar en noviembre de 2016.

El informe se emite a raíz de una denuncia de un grupo de casi un centenar de críticos formado por concejales, secretarios generales y miembros de base que recientemente realizaron una concentración de protesta ante la propia sede de Podemos.

Ésta se basaba la convocatoria que el Consejo Ciudadano Valenciano (la dirección del partido a nivel regional) lanzaba para contratar personal en diversas plazas como Cultura, Organización, Participación, Municipalismo, Formación y Medio Rural.

En su opinión, ésta no se realizó de forma transparente.

La resolución de la comisión de garantías no deja en buen lugar al secretario general en la Comunidad, Antonio Montiel. El documento incide especialmente en que el Consejo de Coordinación (controlado por él) no ha facilitado toda la documentación requerida en relación con el proceso de contratación, como quién y cómo se elaboraron las diferentes convocatorias; cuáles fueron las notas de corte para determinar qué candidatos accedían a la fase de entrevista; de haberlos, qué índices de corrección se aplicaron; además de todos los currículum vitae de las personas que accedieron a la fase final de entrevista.

Montiel, durante un mitin electoral
Montiel, durante un mitin electoral - MIKEL PONCE

Tras responder a la solicitud, el Consejo de Coordinación remitió un requerimiento a la comisión por el cual se afirmaba que no iba a remitirse más información si no se conocían los detalles de las reclamaciones. Una réplica criticada por este segundo órgano en su duro informe haciendo referencia a que la normativa interna exige facilitar la documentación. «Con este requerimiento, resulta imposible conocer en profundidad cómo se han resuelto los diferentes procesos de selección de personal, debiendo elaborar el presente dictamen con la documentación que se ha remitido, que no es, ni mucho menos, completa», afirman.

Proceso poco transparente

Más allá de la confrontación por la petición de información (no satisfecha), la comisión de garantías enumera las irregularidades observadas en las contrataciones.

En primer lugar, el proceso es convocado sin prácticamente antelación. Concretamente, hay apenas 48 horas entre la convocatoria y el plazo máximo para remitir los currículum. «Curiosamente y suponemos que habiéndose percatado del error, al día siguiente, en fecha 10 de noviembre, el plazo para remitir las candidaturas es ampliado», comentan.

Remarcan igualmente que los aspectos valorados en algunas áreas como Cultura «están poco conectados» con esta temática y la «indefinición» con la cual se requiere la titulación mínima para aspirar al puesto de trabajo.

Un puesto «ad hoc»

«A eso hay que añadir que el propio Consejo de Coordinación, en su comunicación de fecha 27 de diciembre de 2016, reconoce que las convocatorias fueron elaboradas por los propios responsables de las diferentes áreas involucradas en los procesos de selección. En este caso concreto, la responsable del área de Cultura es familiar de la persona que finalmente se contrató (que es sociólogo) y, además, la responsable formaba parte de la Comisión que se encargaría de contratar a esta persona. Por tanto, todas las pruebas parecen indicar que se creó un puesto de trabajo “ad hoc” en el caso del área de Cultura», admiten.

«Si bien la responsable del área de Cultura se ausenta cuando se entrevista a su familiar, reconoce y defiende abiertamente que "conoce perfectamente la estrategia de Podemos Cultura y ha colaborado a diseñar la política cultural, los actos de los dos últimos años y está desarrollando los puntos imprescindibles aportados al pacto del Botánico".

Antonio Montiel
Antonio Montiel - MIKEL PONCE

Para la comisión de garantías resulta también llamativo que no coincidan las puntuaciones de los diferentes candidatos (aunque el elegido en primer lugar es el mismo) y existan dos actas.

Por último, en fecha 27 de diciembre de 2016, el Consejo de Coordinación reconoce que la Comisión de Cultura aplicó un índice corrector llamado «manejo de valores ausentes». «No habría problema en aplicarlo si no fuese porque su aplicación se debió a que no todos los miembros de la Comisión pudieron estar presentes. No tiene mucho sentido formar parte de una Comisión si, posteriormente, no se va a participar en ella, lo cual evitaría la aplicación de correcciones que pudiesen desvirtuar el proceso de selección. Aunque en el acta se hace constar que sin la aplicación de este índice los resultados no varían significativamente, se desconoce si el candidato elegido pudo ser otro», refleja la comisión de garantías en el informe.

Falta de independencia

Por todo ello, reconocen que con la prueba de que disponen, se han producido «claras irregularidades en el proceso de selección de personal del Área de Cultura faltando la necesaria independencia y objetividad».

El dictamen también menciona los puestos a cubrir por la Secretaría de Organización, para los que inicialmente se exigió el «dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales» (castellano y valenciano), pero posteriormente se rectificó con un «dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales o compromiso de alcanzarlo progresivamente en el plazo que cada puesto de trabajo precise».

Esta circunstancia, en opinión de la comisión, «supone un claro cambio de criterio que deja en una posición de inferioridad a las personas que sí conocen el valenciano porque, obviamente, no es lo mismo conocer valenciano que el compromiso a aprenderlo».

En cuanto al resto de procesos, apunta la comisión, «al carecer de toda la información requerida se ignora si se seleccionó al personal de acuerdo a los Estatutos o al Código Ético».

Ahora, el Consejo de Coordinación (controlado por Montiel) tendría que ser el que emitiera un expediente sancionador puesto que la comisión de garantías no tiene competencia para ello. Por el momento han rechazado valorar esta cuestión.

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