Ciudadanos amenaza con desestabilizar a Compromís en los municipios por su actitud con los diputados díscolos

La reorganización de las Cortes Valencianas tras la salida de los cuatro diputados de Ciudadanos del partido - Alexis Marí, David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García- y su paso a no adscritos ha suscitado un importante debate en la Cámara con diferentes posiciones entre las formaciones. La junta de portavoces acordaba este lunes -y así lo aprobaba posteriormente la Mesa- que los parlamentarios no se constituirán en un grupo propio ni contarán con un portavoz.

Tampoco tendrán presencia en la Diputación Permanente ni podrán formular interpelaciones o mociones subsiguientes. Por contra, sí contarán con la posibilidad de formar parte de una comisión, con voz y voto, cada uno de ellos; a formular preguntas orales en pleno -una cada cinco sesiones-; a hacer preguntas en comisiones; a explicar el voto en los plenos; o a presentar enmiendas parciales.

La decisión se basa en un informe de los letrados del parlamento y en una resolución adoptada en noviembre de 2008 después de que los diputados de Compromís Glòria Marcos, Marina Albiol y Lluís Torró (procedentes de Esquerra Unida) pasaran a ser no adscritos tras la ruptura con la coalición por la expulsión de la primera. Fue entonces cuando se reguló esta condición de los parlamentarios y los derechos que tendrían, un reglamento que se vuelve a aplicar ahora.

Éste, sin embargo, no gusta a Compromís. La diputada Mireia Mollà criticó en la Junta -y en su comparecencia ante los medios- que fue hecho «ad hoc» por el PP con mayoría absoluta, para «debilitar» en ese momento el escenario político de su coalición y de EU. Además, cuestionó que fuera «el escenario más deseable» para la situación actual del grupo de los no adscritos.

Su reacción enfadó a Ciudadanos, que junto al PP han sido los dos partidos más proclives a que los parlamentarios llamados díscolos no tuvieran un grupo propio en la práctica. Tanto que el intento de darles más protagonismo acabó con una llamada a la dirección nacional para informar de la situación.

Fuentes del partido aseguran que, tras la conversación con Madrid, se plantean la posibilidad de retirar su apoyo en cuestiones clave a gobiernos municipales en los que se encuentra Compromís y en los cuales Cs resulta determinante. Entre ellos, Elche, Gandia y Torrevieja. El primero es, precisamente, en el que Mollà es teniente de alcalde y concejal.

La amenaza nace, además, en un momento en el que se están comenzando a negociar los presupuestos del próximo año en estos Ayuntamientos, para cuya aprobación necesitan a Ciudadanos. «Esperamos que Compromís cambie de actitud sobre lo que están haciendo en las Cortes», indican.

Pero el cabreo no sólo provino de Ciudadanos hacia la coalición, sino de ésta hacia el PSPV por no haber defendido con suficiente vehemencia que los diputados críticos contaran con mayor actividad parlamentaria (lo cual le podría acabar beneficiando al tripartito si se dedicaran a apoyar sus iniciativas más relevantes).

Vía judicial

Más allá de todas estas cuestiones, Marí, De Miguel, Rojo y García recurrirán a la Mesa la decisión de no reconocerles sus peticiones. En el caso de que no obtengan respuesta favorable, indican que se plantean acudir al Tribunal Superior de Justicia o, incluso, al Constitucional por entender que se están vulnerando sus derechos.

La nueva organización de las Cortes deja situaciones novedosas, como que, en aplicación de la Ley d'Hondt, Ciudadanos perdería un representante en cada comisión en beneficio del PSPV. Algunas, incluso, podrían tener que aumentar el número de representantes para no romper el equilibrio de mayorías. Ahora serán los diputados que abandonaron la formación los que elijan en cuáles quieren participar.