Imagen de Pla, Zapatero y Andreu tomada en un mitin en Alicante
Imagen de Pla, Zapatero y Andreu tomada en un mitin en Alicante - ABC
Política

Cinco contratos, tres ministerios y dos ayuntamientos: la causa judicial que envuelve al PSOE valenciano

Una juez de Madrid imputa a dos exaltos cargos de Zapatero por contratar a la empresa de la financiación del PSPV

Actualizado:

La investigación judicial abierta por la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano entre los años 2007 y 2011 ya salpica de lleno a dos ex altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La causa, que se instruye de forma paralela en dos juzgados de Madrid y en otros tantos de Gandía y Benidorm afecta a tres ministerios y dos ayuntamientos dirigidos por el PSOE. El caso se ha cobrado las primeras imputaciones de carácter político por las adjudicaciones de contratos públicos a Crespo Gomar, la agencia de comunicación que contrató el PSPV para sus campañas electorales y que, de acuerdo con la investigación, podría haber facturado servicios al partido de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas.

Ahora, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 43 ha citado a declarar a Etelvina Andreu, ex directora general de Consumo en el Ministerio de Sanidad y candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Alicante en las elecciones de 2007, en el marco de las diligencias incoadas por los presuntos delitos de prevaricación y malversación por un contratro adjudicado a Crespo Gomar, que le dirigió la campaña electoral. Junto a la que fuera candidata a la Alcaldía de Alicante también ha sido imputada Consuelo Sánchez Naranjo, subsecretaria de Sanidad en el momento de adjudicarse el contrato y actual vocal asesora del secretario de Estado de Cultura. Ambas comparecerán el 21 de mayo. Ese mismo día también están citados dos componentes de la Mesa de Contratación, mientras que otros seis integrantes del mismo órgano lo harán los días 24 y 30.

El contrato que se investiga tenía como objeto la promoción de un «consumo responsable, seguro y solidario ante las compras de Navidad» y fue adjudicado a Crespo Gomar en noviembre de 2008. En una respuesta parlamentaria fechada el 24 de marzo de 2011 el Gobierno socialista aportó la documentación sobre el contrato solicitada por el PP. En la misma se comprueba que Crespo Gomar alcanzó la mejor puntuación, con 77,63 puntos sobre cien. La firma, que presuntamente ejerció de intermediadora de pagos en B del PSPV, se hizo con el contrato a pesar de que nueve de las empresas que optaban al concurso habían presentado una mejor oferta económica. Sumó una valoración de 30,83 frente a los 51 (la puntuación máxima) que cosechó Thinking Forward Spain S. L.

Por contra, Crespo Gomar obtuvo la mejor valoración técnica con 46,8 puntos sobre 49, lo que propició que se alzara con el contrato. De acuerdo con la respuesta del Gobierno, para calibrar las propuestas creativas «se valoró la calidad de los diseños y su originalidad», donde Crespo Gomar no tuvo rival.

La pasada semana, el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ya citó como investigados a tres miembros de la Mesa de Contratación que adjudicó a Crespo Gomar un contrato del Ministerio de Vivienda -dirigido por Beatriz Corredor- por 126.208 euros, que también podría haberse utilizado para la financiación irregular del PSPV.

Estos son los contratos investigados:

Ministerio de Sanidad y Consumo

Etelvina Andreu declarará como investigada por malversación y prevaricación en relación a un contrato adjudicado a finales de 2008 a Crespo Gomar –la empresa que llevó su campaña como candidata a la Alcaldía de Alicante– desde la Dirección General de Consumo. Crespo Gomar ingresó 184.138 euros.

Ministerio de Medio Ambiente

Como informó este lunes ABC, en la causa sobre la presunta financiación irregular del PSPV se han investigado sendos contratos de Acuamed (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente en la etapa de Cristina Narbona) por 405.0000 euros. Crespo Gomar fue la empresa adjudicataria.

Ministerio de Vivienda

La pasada semana, el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid imputó a tres miembros de la Mesa de Contratación que adjudicó a Crespo Gomar por 126.208 euros un contrato del Ministerio de Vivienda –dirigido entonces por Beatriz Corredor– y que podría haberse utilizado para la financiación del PSPV.

Ayuntamiento de Gandía

Una juzgado de Gandía investiga la adquisición de un inmueble en la localidad por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros. Una compra que fue subvencionada al 50% por el Consistorio (257.000 euros). El local pertenecía a una mercantil de la familia Gomar.

Ayuntamiento de Benidorm

Un juzgado de Benidorm investiga la adjudicación, bajo mandato socialista, del contrato de suministros de los Opinómetros a la empresa Opino Media (creada por Alberto Gomar) por un importe de 193.000 euros. La Intervención del Estado alertó de irregularidades que podrían constituir infracción penal.