Educación

César Sánchez: «El decreto ley de plurilingüismo es una burla a los tribunales»

El presidente de la Diputación de Alicante asegura que la institución sigue trabajando jurídicamente las fórmulas para paralizar la norma

Imagen de la reunión del presidente de la Diputación de Alicante con los presidentes de CONCAPA y FAPA ABC

ABC

“Seguimos trabajando jurídicamente en las fórmulas para paralizar el decreto ley de plurilingüismo porque es una burla a los tribunales y porque el Consell se ha erigido en sustituto del Tribunal Superior de Justicia a la hora de interpretar las leyes”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana el presidente de la Diputación de Alicante , César Sánchez , tras el encuentro de trabajo que ha mantenido con la presidenta de CONCAPA Alicante , Julia Llopis, y con el presidente de la FAPA ‘Gabriel Miró’, Ramón López, para abordar este asunto.

“Les he transmitido que la Diputación va a seguir defendiendo el interés público y los derechos fundamentales de las niñas y niños de la provincia de Alicante y que vamos a seguir trabajando jurídicamente para que se ejecute la suspensión cautelar del decreto , mal llamado de plurilingüismo, de la Comunitat Valenciana”, ha concretado Sánchez, quien ha insistido en que “este decreto ley es una burla al TSJ”.

En esa defensa que promueve la institución provincial por la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, el presidente ha reiterado que “tenemos dos lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana que tienen que ser respetadas, al igual que la libertad de los padres, pero no se puede utilizar una lengua para oprimir a otra lengua”.

En este sentido, ha recordado que había consenso con la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià y también consenso en la comunidad educativa y en la sociedad valenciana, puesto que se respetaba la pluralidad de territorios y ha recalcado que “ahora el Gobierno Valenciano, primero con el decreto y luego con el decreto ley, intenta atentar contra esa pluralidad y no entiende que la Comunitat es heterogénea y diversa y que desde las administraciones tenemos que respetar esa pluralidad ”.

Tal y como ya ha declarado anteriormente, el presidente ha recalcado que la Diputación de Alicante agotará todas las vías judiciales para que se respete la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y ha abogado porque no se utilice ninguna lengua para oprimir a otra lengua .

“El valenciano no es solo una lengua de la Comunitat, es una de las lenguas de España y debe servir para enriquecer culturalmente a la sociedad española. No para crear un muro que nos separe de España”, ha apostillado al respecto.

Por su parte, tanto el representante de la FAPA Gabriel Miró como de CONCAPA han coincidido en destacar el “desamparo de los padres y madres con el nuevo decreto ley porque no se puede recurrir”. Creen que el Consell se ha reído de las familias al no acatar las medidas cautelares del TSJ y han hecho un llamamiento a los padres para detectar cualquier irregularidad en el centro con respecto al proyecto lingüístico que se impartirá.

Recurso contra el proceso selectivo de ÀPUNT

Por otra parte, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente también ha anunciado que la Diputación de Alicante estudia la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el proceso de selección de la nueva televisión pública valenciana , Àpunt, por considerar que se están cometiendo irregularidades con dinero de los alicantinos.

En este sentido, ha avanzado que “estamos muy preocupados con la puesta en marcha de esta televisión y después de leer a través de los medios de la existencia de un posible fraude en el proceso de selección del personal que trabajará en el ente, desde la Diputación estamos estudiando jurídicamente la posibilidad de recurrirlo en defensa legítima del interés público que tiene la institución para defender el destino de los impuestos de todos los alicantinos”.

“Esta televisión se pone en marcha también con dinero de los alicantinos y la Diputación tiene ese derecho legítimo de defender el interés público en la provincia y no nos parece serio ni riguroso lo que estamos viendo en este proceso de selección”, ha concluido Sánchez.

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