Alfonso Grau se dispone a declarar ante el juez, en una imagen de archivo
Alfonso Grau se dispone a declarar ante el juez, en una imagen de archivo - ROBER SOLSONA

Caso TaulaLa UCO cree que el PP de la provincia de Valencia podía tener conocimiento de la financiación ilegal

Los investigadores remarcan que el partido sabía que Laterne prestaba servicios para la campaña electoral de 2007

VALENCIAActualizado:

El conocimiento o no por parte del PP de las prácticas que se llevaban a cabo desde el grupo municipal es uno de los muchos interrogantes que sobrevuelan en la investigación del caso Taula. En su último informe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relata toda la mecánica creada para sufragar la campaña de las elecciones de 2007 en las que salió victoriosa Rita Barberá. En ella hubo dos personas clave: el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y el administrador de la empresa Laterne (Vicente Sáez), la cual habría servido para recoger aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones que asumieran los gastos de cara a los comicios.

Pero el hecho de que toda esta operativa se gestase en el seno del grupo municipal no implica necesariamente, para los agentes, que desde otros estamentos del partido no se tuviera contancia de ella y del hecho de que existían determinados gastos que no eran incluidos en la contabilidad electoral.

La UCO menciona un documento que sugiere que desde el PP provincial, en esa época dirigido por Alfonso Rus, se sabía que Laterne estaba prestando servicios con motivo de la campaña. «Parece lógico pensar que, por consiguiente, también se conocería que los gastos en los que se incurría no estaban siendo contemplados a efectos del cómputo global», indican.

Se trata de unas anotaciones a mano realizadas por la directora financiera de Laterne en las que se alude al por entonces gerente del partido en la provincia, José Antonio Moscardó, y al propietario de la empresa Sundisa, una de las que contrató con la agencia de comunicación. Al parecer, esta empresa habría tenido algún problema para cobrar por un trabajo realizado -en principio se trataría de la instalación de banderolas en Valencia- y se habría puesto en contacto con Moscardó, quien, según el manuscrito, «no quería hacerse cargo de este asunto» y en consecuencia le habría remitido a Laterne.

Alfonso Rus, durante la comisión de investigación en las Cortes sobre la adjudicación de residencias
Alfonso Rus, durante la comisión de investigación en las Cortes sobre la adjudicación de residencias- MIKEL PONCE

Pese al contenido de esta nota, el propietario de Sundisa aseguró posteriormente en una declaración como testigo que nunca había tenido relación con el gerente provincial del PP. Pese a ello, la UCO concluye que desde el partido se podía tener constancia de que se estarían gestionando actos de campaña e incurriendo en gastos electorales sufragados al margen de las contabilidades o, al menos, incurriendo en unos gastos que desde la citada sede provincial tampoco se estaría pagando.

En este sentido, los agentes destacan que la campaña consistió, entre otros, en un acto central en el Palau de la Música y otros mini eventos, así como publicidad en medios de comunicación, vallas o folletos.

La UCO extrapola al caso de 2007 lo manifestado en sede judicial por la que fuera secretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García-Fuster, relativo a la campaña de 2011 (mucho menos costosa). Durante su intervención, apeló a la lógica de que el partido sabría que había una campaña con determinados gastos y comentó que las facturas se enviaban al gerente provincial.

Estas afirmaciones chocan con la reciente petición de archivo por parte de Moscardó y de la gerente provincial en 2015, Montserrat Tello, basada en los argumentos que ya aportaron en sede judicial como investigados. En ella rechazaban conocer la existencia y la actividad de las cuentas abiertas por los grupos municipales a su nombre y, por consiguiente, la incapacidad de controlar los gastos que se realizan desde dichas cuentas. Es decir, se desmarcaban absolutamente de las actuaciones del grupo municipal, manteniendo que éste funcionaba totalmente al margen del partido.

Pretensiones «ambiciosas»

Los investigadores también llaman la atención sobre que las pretensiones de la campaña de 2007 fueron «ciertamente ambiciosas desde un primer momento». Los presupuestos iniciales que se manejaban eran en torno al millón de euros ampliables, cuando los gastos declarados para toda la provincia de Valencia fueron de 133.762 euros. Una cantidad que, además, resulta significativa para los agentes en comparación con el total de gastos electorales declarados por el PP a nivel nacional: 9,6 millones.

«El hecho de contemplar de inicio la posibilidad de incurrir en un volumen de gastos tan elevado resulta sintomático de la seguridad que les reportaba el método implementado a través del grupo municipal, mediente el que se lograba evitar que fuesen conocidos por los órganos de fiscalización», concluye la UCO.