Caso TaulaEl PP responsabiliza al grupo municipal de Valencia del posible delito electoral

El PP no quiere verse implicado en el presunto delito electoral que se investiga en Valencia y ha decidido mover ficha. El partido ha presentado ante el juez encargado del caso Taula, Víctor Gómez, numerosa documentación relativa a los gastos electorales durante las campañas de 2011 y 2015 con la intención de desmarcarse de cualquiera de las decisiones que se tomaran en el Ayuntamiento.

Esta solicitud de información por parte del magistrado se enmarcaba dentro de la ampliación de diligencias de la pieza separada sobre blanqueo de capitales a un supuesto delito electoral (financiación irregular) durante estos dos comicios. El grupo municipal habría usado, según los investigadores, una cuenta opaca manejada por la exsecretaria, Mari Carmen García Fuster, para sufragar los gastos de las campañas durante la época de Rita Barberá.

En ella estaban autorizadas personas como el vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, y no fue sometida a ningún tipo de fiscalización, por lo que se podían abonar gastos electorales sin que se reflejaran en la cuenta oficial.

Génova responde al requerimiento del juez varios meses después, lo que ya había generado descontento entre los investigadores. La petición se produjo a raíz de la declaración de García Fuster en la que llegó a afirmar que el PP sabía de la existencia de la supuesta cuenta opaca usada por el grupo en la que se recogían las donaciones de mil euros de concejales y asesores, además de los ingresos de un recaudador cuya identidad nunca quiso desvelar. La exsecretaria del grupo aseguró que ella informaba de los gastos electorales y que incluso enviaba las facturas a la dirección provincial.

Directrices

El PP trata ahora de aportar pruebas para contrarrestar estas acusaciones. Entre los documentos remitidos esta semana al magistrado se encuentran la composición de los comités de campaña –en los que figura como responsable el actual presidente provincial del PP en Valencia, Vicente Betoret–, correos electrónicos sobre reuniones y movimientos de contabilidad. Esto vendría a demostrar, según señalan, que Génova se reunió con los gerentes y coordinadores de campaña autonómicos para dar instrucciones que luego se transmitían a nivel provincial.

En los documentos sobre normas para la administración de las campañas vienen recogidas instrucciones específicas: «Los ingresos se componen exclusivamente de fondos que la tesorería nacional enviará a cada sede, no pudiendo ingresarse en la cuenta corriente de la campaña ninguna otra cantidad»; «cualquier gasto que se realice en campaña deberá ser obligatoriamente autorizado por el gerente de campaña»; o «abriremos una única cuenta corriente bancaria en cada circunscripción, por la cual se canalizarán todos los ingresos y todos los gastos originados por la campaña».

Los escritos enviados al juez incluyen las cuentas de resultados de la actividad electoral de 2011 y 2015 y las comunicaciones desde Génova a la sede de Valencia en relación con los gastos máximos autorizados en publicidad, así como las facturas acreditativas de gasto de publicidad realizado por la propia sede provincial dentro del límite. Todo ello, señalan los populares, evidencia que Valencia conocía el límite de gasto (140.000 euros) y que nunca lo rebasó. En este punto vienen referidos abonos de mailing, publicidad exterior y grandes medios, los cuales, afirman en el escrito, «se sufragaban desde Madrid, no por las provincias, y mucho menos por los grupos municipales».

Facturas

El PP también remite al juzgado la totalidad de las facturas electorales localizadas en la sede provincial, incluyendo aquellas por importe inferior a mil euros que no son exigidas por el Tribunal de Cuentas.

Entre ellas se encuentra la del acto de proclamación de Rita Barberá como candidata a la alcaldía en 2011, celebrado en el Palacio de Congresos y que tuvo un coste de 14.601 euros, la elaboración de encuestas por un importe de 14.986 euros, pancartas por 7.000 o sobres para las elecciones por 9.000 euros. También mítines en varios municipios por 40.710 euros, alquileres de vehículos, papeletas o comidas.

Con todo ello, el partido trata de demostrar que se hizo cargo de los gastos electorales de ambas campañas y que no se responsabilizan de la posible financiación irregular que investiga el juez.

Ahora, y tras la presentación de todos estos documentos (además de otros nuevos solicitados en los que se compruebe que el PP trató de poner medidas para evitar estas irregularidades), los investigadores tendrán que decidir hasta qué punto existe implicación real del partido para dejarlo o no fuera de la causa, ya que ahora se encuentra investigado como persona jurídica por blanqueo. Una de las cuestiones es si, pese a que existía una normativa específica de campaña, realmente el partido no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en el grupo municipal.