Caso TaulaEl juez rastreará la cuenta electoral del PP valenciano para comprobar la contabilidad

La cuenta electoral del PP valenciano será objeto de estudio por el juez encargado del caso Taula, Víctor Gómez. Así lo ha acordado este lunes en un auto, en el que se incluyen una serie de diligencias después de ampliar la investigación de presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal a la de supuesto delito electoral.

El magistrado requiere al Tribunal de Cuentas la documentación remitida por el PP correspondiente a la contabilidad electoral de las elecciones municipales de 2011 y de 2015, así como de los informes de fiscalización en caso de estar concluidos.

También se dirige a la Junta Electoral Provincial para que informe sobre la cuenta bancaria única designada por el partido como cuenta electoral de la candidatura municipal de 2015, dado que no consta remitida la información, a diferencia de la de 2011.

Se incluye igualmente el requerimiento al Banco Popular para que envíe al Juzgado la relación íntegra de movimientos de la cuenta bancaria abierta a nombre del PP y de la persona o personas autorizadas para disponer de la misma.

La intención, según fuentes conocedoras del proceso, es estudiar al detalle los movimientos de esta cuenta «oficial» del partido para comprobar si existe alguna relación con la opaca del grupo municipal, la cual habría funcionado al margen del control interno y legal.

En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se recogen estos hechos. En él diferencia entre el funcionamiento del partido y el del grupo municipal a raíz de la declaración del representante jurídico, Jorge Carbó, quien aseguró ante el juez que «hay una instrucción para que no se admitan donativos en campaña» y que «existe una cuenta específica para donaciones», siendo el partido el que tiene que contratar y pagar esos gastos.

Así, el documento policial considera que el PP de Valencia incumplió de manera «buscada» tanto la normativa interna, que obliga a contar con un presupuesto anual y con un presupuesto especial en elecciones, como la regulación legal de la financiación de los partidos.

Ahora el magistrado tratará de esclarecer si realmente desde el partido se tenía o no conocimiento de que se estaba cometiendo un presunto delito electoral. A la documentación requerida se unirán las declaraciones de la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, y a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015 (actualmente gerente), Montserrat Tello.

El delito electoral, aprecia el juez, fue continuado, al igual que concluyó el informe de la UCO. Aun así, no puede imputarlo al PP como persona jurídica, por lo que en primera instancia recae sobre García Fuster (por gestionar la cuenta opaca) como cooperadora necesaria y sobre Tello por ser quien recoge la ley, como administradora de las candidaturas, la encargada de las cuentas.