Caso Taula Génova admite que recibió transferencias desde la cuenta opaca del grupo municipal de Valencia

Un auditor del PP afirma que las donaciones en período electoral eran ilegales, pero no las controlaban

Imagen de la sede nacional del PP
Imagen de la sede nacional del PP - JOSÉ RAMÓN LADRA

El PP trató de seguir este martes con su línea de defensa en la pieza del caso Taula que investiga el presunto delito electoral (financiación irregular) cometido en las campañas de 2011 y 2015. Ante el juez que instruye la causa volvió a insistir en que no tenía ninguna competencia sobre la cuenta del grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia, aunque hubo varios matices.

El primero es que Génova admitió que recibió transferencias desde la cuenta opaca que, según los investigadores, se habría usado para sufragar los gastos electorales de estos dos años. Ésta no fue sometida a ningún tipo de fiscalización, por lo que se podían realizar pagos sin que se reflejaran en la cuenta oficial.

El segundo es que remarcó que las donaciones durante el período electoral (es decir, tanto las de 1.000 euros de los concejales como las «anónimas» que la exsecretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster, reconoció que aceptaba) son «ilegales».

Ambas afirmaciones, según fuentes conocedoras de los interrogatorios, fueron realizadas por el director de auditoría del PP Carlo Lucca, quien analizó las cuentas provinciales y las electorales abiertas en ambas campañas. Éste compareció en calidad de testigo a petición del partido para justificar la falta de conocimiento por parte de la formación de los gastos que pudieron acometerse desde el grupo municipal y, en consecuencia, su imposibilidad de incluirlos en la contabilidad del partido; las directrices impartidas desde la sede central en relación con la contabilización y el control del límite del gasto electoral; y los criterios seguidos a la hora de contabilizar los gastos electorales y su comunicación al Tribunal de Cuentas.

Génova, según argumentó, no controlaba, ni tenía obligación de hacerlo, la cuenta bancaria del grupo municipal puesto que la ley no se lo exige. Además, aludió a la imposibilidad de vigilar lo que ocurre en los numerosos consistorios de España.

Una versión que también sostuvieron el representante legal del PP Jorge Carbó y los administradores de las candidaturas José Antonio Moscardó y Montserrat Tello. Esta última negó que tuviera conocimiento de esa cuenta opaca ni directa ni indirectamente y, por lo tanto, de que hubiera gastos electorales por parte del grupo municipal que les trasladaran.

Vigilancia

La justificación contrastaba con la de García Fuster, una de las principales investigadas en este caso. En su declaración aseguró que la formación sabía de la existencia de la cuenta opaca puesto que ella informaba de los gastos electorales y que incluso enviaba las facturas a la dirección provincial, con lo que ésta se encontraba al corriente de todos los ingresos y gastos de las campañas. Aun así, apuntó que desconoce si las hacían constar o no en la contabilidad electoral y señaló que en ningún momento se superó el techo de gasto establecido legalmente.

Vistas estas contradicciones, el juez pidió una serie documentación al partido para comprobar su grado de implicación en el presunto delito electoral. Ahora, y tras la presentación de todos estos documentos sobre los que informó ABC, los investigadores tendrán que decidir hasta qué punto existe responsabilidad real del partido, que ahora se encuentra investigado como persona jurídica por blanqueo.

Pese a toda esta línea de defensa en la que Génova se desmarca de cualquier decisión en el grupo municipal y lo apunta como único responsable, los investigadores colocan el foco en los mecanismos que el PP puso en marcha para vigilar que no se cometieran este tipo de delitos, y que entienden que fueron inexistentes.

Una de las declaraciones previstas próximamente es la de la tesorera nacional del partido, Carmen Navarro, cuya citación todavía no está señalada.

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