Mari Carmen García Fuster, en una imagen de archivo
Mari Carmen García Fuster, en una imagen de archivo - ROBER SOLSONA

Caso TaulaAsí habrían sido las operativas para la financiación ilegal del PP de Valencia en 2007, 2011 y 2015

La UCO entiende que se trata de un delito electoral continuado y que se habría dispuesto durante las tres campañas de grandes cantidades de dinero en efectivo

VALENCIAActualizado:

La investigación de la subpieza del caso Taula relativa a la financiación del PP de Valencia en la campaña de 2007 trata de determinar un presunto delito electoral continuado que también se habría producido en los siguientes comicios de 2011 y 2015 (en los que igualmente venció Rita Barberá). A su vez, tendría relación directa con el supuesto blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal por el que medio centenar de concejales y asesores se encuentran imputados al haber realizado donaciones de mil euros para las campañas que les habrían sido devueltas en dos billetes de 500.

En uno de sus últimos autos, el juez encargado de la macrocausa, Víctor Gómez, justificaba la prórroga de la instrucción en que «existen indicios racionales de que había un dinero en poder de determinada o determinadas personas del grupo popular cuyo origen era opaco y posiblemente ilícito». En su opinión, los hechos hacia los que ahora se dirige la investigación podrían guardar con aquellos «una relación operativa razonable, e implicar a personas ya investigadas».

Esta tesis es precisamente defendida en el reciente informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuya principal conclusión es que el PP recibió dinero de forma ilegal para la campaña de 2007 con el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, como responsable clave. Los agentes, sin embargo, van más allá y aprovechan para realizar un análisis de las campañas de los tres últimos comicios en los que se pagaron gastos de forma irregular mediante varias mecánicas.

2007: Laterne

En el caso de 2007, se usó la agencia de comunicación Laterne. Ésta habría servido para recoger aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones que sufragaran la campaña. El coste oficial de los gastos era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los casi tres millones de euros.

En informe de la UCO apunta a la existencia de una dinámica consistente en el empleo del grupo municipal popular para «asumir cometidos propios del partido en relación a la organización y desarrollo de las campañas electorales, implementada con la finalidad de ocultar determinados gastos que por su naturaleza deberían tener reflejo en la contabilidad global de la formación presentada ante el Tribunal de Cuentas». La capacidad de disponer de elevadas sumas de dinero en efectivo, unido a las aportaciones, habría permitido lograr «que terceros sufragasen de manera efectiva gastos propios del partido, permaneciendo ocultos a los órganos ficalizadores».

2011: Trasgos

En esta ocasión, señalan los agentes, desde el grupo municipal se contrató a Laterne con el objeto de desarrollar determinados trabajos relacionados con la campaña. Pero este mecanismo fue empleado en elecciones posteriores, como las de 2011. En ese año, el Ayuntamiento de Valencia contrató con la empresa Trasgos, que llegó a recibir 2,6 millones de euros. Los pagos, recogidos en el libro de contabilidad de la exsecretaria del grupo popular, Mari Carmen García Fuster, tampoco fueron comunicados al Tribunal de Cuentas.

Todo ello permitió, al igual que en 2007, que «terceros sufragasen de manera efectiva gastos propios del partido, velando su identidad de manera buscada, perfeccionado hasta el punto de permanecer ocultos a los órganos fiscalizadores», sostiene la UCO.

2015: Cuenta opaca

La historia se repite en 2015, año en el que los investigadores tratan de averiguar si también se requirieron los servicios de Trasgos o no. En esta campaña, se pudo comprobar, recuerdan los agentes, cómo una parte importante de los gastos eran pagados a través de una cuenta diferente bajo la titularidad del grupo municipal, pero fuera del control de cualquier órgano fiscalizador (puesto que la ley impide abrir una cuenta al margen del partido).

En la conocida como cuenta opaca -también usada en 2011, pero no en 2007- se ingresaba el dinero que recogía el supuesto recaudador del PP y que se sospecha que se trataba de Alfonso Grau. A ella también fueron a parar las donaciones de mil euros (en total fueron 50.000) de los ediles y asesores. Unos billetes cuya procedencia es precisamente una de las claves de la instrucción ya que se trataría de las aportaciones de empresas y organismos.

Para la UCO, por tanto, cabría la posibilidad de que se tratara de un delito electoral continuado. Una de las pincipales conclusiones en este sentido, remarcan, es que en 2007, 2011 y 2015 se habría dispuesto de «grandes cantidades de dinero en efectivo en billetes de elevado valor facial para hacer frente al pago de determinados trabajos con motivo de las elecciones».