Caso Taula Alcón y Benavent declararán ante el juez el 22 de septiembre por los contratos en Cultura

El magistrado mantiene la imputación a la exsecretaria del PP por delito electoral

La exedil María José Alcón y Alfonso Grau, en una imagen de archivo
La exedil María José Alcón y Alfonso Grau, en una imagen de archivo - ROBER SOLSONA

La exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, su exasesor Pedro Aracil, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, y el empresario José Adolfo Vedri tendrán que comparecer como investigados el próximo 22 de septiembre ante el juez de Imelsa por diversos contratos de Cultura a cambio de comisiones ilegales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Estas cuatro personas declararán en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado de investigar el caso Imelsa, en la pieza separada de contratos de Cultura. El día 23 le tocará el turno a otros tres empresarios investigados --anteriormente imputados-- adjudicatarios de los contratos de limpieza y mantenimiento de La Lonja y de las Torres de Quart.

Por otro lado, el juez ha rechazado un recurso interpuesto por la exsecretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Carmen García Fuster contra su imputación por delito electoral en la pieza separada del caso Imelsa en la que, además, se investiga un delito de blanqueo de capitales, según consta en un nuevo auto.

El juez rechaza los argumentos esgrimidos por el abogado de la investigada y mantiene que el hecho de que no fuera administradora electoral de las candidaturas en los comicios investigados, 2011 y 2015, "no impide que pueda ser investigada como posible cooperadora necesaria conforme a la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo", tal y como indica en el auto.

Precisa, no obstante, que este delito "no se le está atribuyendo de modo definitivo, sino que se está abriendo la investigación, que le afecta, y por eso es llamada a declarar en calidad de investigada, en los términos garantistas que nuestro ordenamiento procesal procura".

En su resolución, el juez explica que es "incuestionable" que con cargo a la cuenta bancaria que gestionaba se pagaron gastos electorales, y que es al final de la instrucción cuando procede valorar los indicios que existen contra la imputada y su significación penal.

En el recurso, la defensa de García Fuster cuestionaba también la continuidad y conexidad delictivas apreciadas por el instructor así como la declaración de complejidad de la causa, extremos, todos ellos, rechazados por el juez.

En las diligencias del caso Imelsa se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana: Diputación --a través de la empresa Imelsa--; Ayuntamiento --a través de la Concejalía de Cultura-- y Generalitat --a través de la empresa Ciegsa--. La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y delito electoral. Se estructura en una pieza principal y cuatro separadas.

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