Política
Auge y caída del zaplanismo: de la cima del poder al calabozo
El expresidente valenciano y exministro con Aznar pierde la militancia en el PP, el trabajo en Telefónica y pasa la noche en la Comandancia de la Guardia Civil
El PP suspendió ayer de militancia a Eduardo Zaplana tras ser detenido y convertirse así en el tercer presidente de la Generalitat Valenciana investigado por la Justicia tras José Luis Olivas y Francisco Camps . Igualmente, Telefónica rompió la relación laboral que mantenía con el exministro de Trabajo -quien ocupaba un puesto en el área de Asuntos Públicos-. La compañía deja en suspenso su vínculo profesional con el exdirigente valenciano «a la espera de conocer más detalles sobre su situación».
En apenas doce horas, el que fuera referente histórico del PP se quedó sin carnet del partido, sin trabajo, vivió dos registros en sus domicilios de Valencia y Benidorm y durmió en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Patraix.
Este miércoles, a primera hora de la mañana, Zaplana ha salido en un coche de las dependencias de la Benemérita, toda vez que los agentes de la UCO van a continuar con los registros.
El arresto de Zaplana se suma al goteo de causas judiciales que han asolado tanto al PP valenciano como al de la Comunidad de Madrid. Con él se ha actuado de la misma forma que con el expresidente madrileño Ignacio González. Génova - hundida en la desolación - optó ayer por la vía rápida, en coordinación con la dirección regional valenciana, para suspender a uno de sus dirigentes históricos e intentar taponar una nueva herida ante la que Mariano Rajoy evitó pronunciarse y María Dolores de Cospedal se limitó a reclamar que actúe la Justicia.
La detención a primera hora de la mañana inyecta oxígeno a las expectativas electorales de Ciudadanos (aunque algunas fuentes apuntan a su relación con Zaplana ), hurga en la herida de los populares y acaba por sepultar al zaplanismo. Un movimiento surgido en la década de los noventa del siglo pasado basado en la fe ciega en el liderazgo de un político tan ambicioso como leal a sus incondicionales. En realidad, el zaplanismo empezó a languidecer en el verano de 2002, cuando su líder recibió la llamada de Aznar -con quien compartía torneos de pádel en las vacaciones en la costa de Castellón- para que se hiciera cargo del Ministerio de Trabajo. Atrás quedaba una prolífica carrera política, que había arrancado en la UCD con 21 años. Al PP llegó en 1990. Tardó un año en alcanzar la alcaldía de Benidorm mediante una moción de censura protagonizada por la tránsfuga socialista Maruja Sánchez . En apenas un lustro ya era presidente de la Generalitat después del acuñado como «pacto del pollo» con Unión Valenciana. Con los regionalistas fagocitados en la siguiente legislatura, logró la mayoría absoluta. Eran los tiempos de auge del zaplanismo, en el que supo alzarse en un partido sin liderazgos claros hasta el momento.
Al igual que sucedió con Benidorm, a Zaplana, un político capaz de controlar los resortes de la Administración, el Palau de la Generalitat no satisfacía sus expectativas y acudió a la llamada de Aznar. José Luis Olivas -hoy también investigado por su gestión al frente de Bancaja- tomó el relevo de forma interina, pero su hombre designado era Francisco Camps. Ahí comenzaron las hostilidades. Camps se rebeló ante la tutela de Zaplana desde la distancia, lo que provocó un enfrentamiento irreconciliable -al que se sumó la fallecida Rita Barberá-. Pese a ello, los populares lograron amasar sucesivas mayorías absolutas con Camps al frente, indemnes al goteo de causas judiciales - desde Gürtel al caso Cooperación - que han acabado con antiguos dirigentes (Rafael Blasco, Carlos Fabra y Milagrosa Martínez) en la cárcel.
Hoy es Camps quien está investigado por la Fórmula Uno, mientras Zaplana alardeaba en una entrevista con ABC en 2014 que no había tenido «jamás» un problema judicial.
Aunque su influencia perduró durante años -y mantiene todavía amistades-, la relación con el actual PP valenciano es reducida y apenas quedan rescoldos del zaplanismo en activo: la concejal de Valencia María Ángels Ramón-Llin -imputada en el caso Taula- o la diputada nacional Susana Camarero. En la primera fila de la conferencia que dictó Zaplana en la ciudad hace un mes no había ningún miembro de la dirección regional, que gestiona una herencia envenenada de 20 años de poder.
