Edificio de la Audiencia Provincial de Alicante
Edificio de la Audiencia Provincial de Alicante - JUAN CARLOS SOLER
Transparencia

Antifraude aplica por primera vez en Alicante el estatus de denunciante a un funcionario

La medida persigue proteger al empleado de un ayuntamiento de la provincia de posibles represalias por revelar un caso de posible corrupción

ALICANTEActualizado:

El director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, ha dictado la primera resolución de esta institución por la que se concede el estatuto de denunciante a un funcionario, empleado de un ayuntamiento de la provincia de Alicante.

Así se establece en un comunicado hecho público este jueves por el citado organismo, que no revela ni el nombre de la localidad ni el del trabajador, pues su identidad tiene garantía de confidencialidad.

La entidad sí ha informado de que el funcionario cuenta con la habilitación nacional para ejercer de secretario e interventor y que ha denunciado un presunto fraude registrado en el consistorio alicantino en el que presta servicios.

"La investigación de dicho fraude se tramita por un juzgado de Instrucción y cuenta con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción", añade la nota de prensa.

La Ley 11/2016 de la Generalitat por la que se crea la Agencia Antifraude valenciana establece en su artículo 14 el Estatuto de la Persona Denunciante, que protege a quienes alertan de posibles casos de corrupción y pretende impedir que sufran represalias por ello en su carrera profesional o su vida personal.

En este caso, el funcionario denunciante invocó esa normativa, lo que obliga a la institución a "asistirle" y a frenar "actuaciones lesivas" para él derivadas de su denuncia.

"Paralelamente, y sin necesidad de previa declaración o reconocimiento, las personas denunciantes de buena fe recibirán inmediatamente asesoría legal para los hechos relacionados con la denuncia y tendrán siempre garantizada la confidencialidad de su identidad", según la ley autonómica.

La ley de la Agencia Antifraude prevé sanciones de hasta 400.000 euros para los autores de esas posibles represalias.