Alicante
Juzgarán a 43 personas por simular contratos para cobrar el paro y obtener permisos de residencia
Una empresa «fantasma» de Villena sin ingresos cobraba a los inmigrantes y desempleados, que en muchos casos serán ahora condenados a trabajos para la comunidad
El Juzgado de lo Penal número 2 de Alicante tiene previsto juzgar a partir del miércoles a 43 personas acusadas de simular contratos laborales para cobrar el paro u obtener permisos de residencia y trabajo en España, según han confirmado este lunes a Efe fuentes de la fiscalía.
La vista oral se celebrará en tres sesiones diarias hasta el próximo día 21 en el salón de actos del edificio judicial situado en la calle Pardo Gimeno de la ciudad, que ha tenido que ser habilitado a estos efectos por la cantidad de procesados y letrados personados en la causa.
El principal implicado , Antonio T.L., es un empresario de Villena (Alicante ) que supuestamente facilitó a los otros 42 sospechosos, en su mayoría inmigrantes y españoles en situación de desempleo, los contratos y les dio de alta en la Seguridad Social.
La fiscalía pide provisionalmente para él dos años y medio de prisión y 1.800 euros de multa por un delito continuado de falsedad en documento público y oficial.
Para los 42 acusados restantes -ocho de ellos extranjeros procedentes de Marruecos, Bolivia, Ecuador y Ghana - la acusación pública reclama, por el mismo delito, nueve meses de cárcel.
No obstante, el ministerio público ha llegado a acuerdos previos con las defensas de algunos de estos sospechosos para que se declaren culpables y acepten penas consistentes en trabajos en beneficio de la comunidad , según las fuentes consultadas.
Los hechos ocurrieron entre 2010 y 2011, cuando el principal implicado simuló presuntamente contratos y altas en la Seguridad Social que no respondían a una verdadera relación laboral.
Los supuestos trabajadores le pagaban diferentes cantidades de dinero por esas gestiones y accedían así, de forma supuestamente indebida, a prestaciones y subsidios por desempleo o permisos de residencia y trabajo en España.
Según el escrito de acusación provisional de la fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, el "carácter ficticio" de dichos contratos "se evidencia, entre otros extremos, por el hecho de que la mercantil Antonio T.L. se encuentra en situación de anulación por empresa ficticia desde el 5 de noviembre de 2010".
De hecho, "no había ingresado cantidad alguna, según la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social desde el inicio de su actividad", añade la acusación pública, por lo que acumuló con la Administración una deuda de casi 200.000 euros .
