Posible prevaricación
El alcalde de Alicante declara este viernes ante el juez por despedir a la funcionaria cuñada del portavoz del PP
Echávarri sostiene que la situación de la interina era irregular y que no es represalia por la denuncia de los populares de su posible fraccionamiento de contratos
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri , y el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez , ambos del PSPV-PSOE , declaran este viernes como investigados (antes imputados) ante la juez por el despido de una funcionaria interina , que es la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala .
El regidor socialista, procesado en otra causa judicial por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, abre los interrogatorios a las 9.30 horas en el juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad.
La magistrada Patricia Romero admitió a trámite hace unas semanas la denuncia presentada por la fiscalía contra ambos políticos, al entender que existen indicios que apuntan a que pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación .
El ministerio público ya interrogó en octubre pasado a Echávarri y Giménez en calidad de investigados en el marco de unas diligencias de investigación propias, derivadas de la denuncia presentada por dos dirigentes vecinales.
El despido de la trabajadora, Catalina Rodríguez, una empleada interina adscrita a la Concejalía de Cultura , se produjo el pasado mes de abril, días después de que su cuñado, Luis Barcala, denunciase al alcalde ante la Fiscalía Anticorrupción por las contrataciones de la Concejalía de Comercio por las que se encuentra procesado.
Readmitida
En mayo pasado, la Concejalía de Recursos Humanos revocó la medida sobre el despido de la cuñada de Barcala y la readmitió a instancias del pleno de la corporación municipal .
En su declaración ante el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, el pasado 25 de octubre, el alcalde negó que el despido de la funcionaria interina respondiera a una represalia contra Barcala y alegó que su situación laboral constituía "un fraude de ley" y podía ser denunciado por los sindicatos.
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