Política
La Agencia Antifraude valenciana acude a las inmobiliarias para buscar una sede
El organismo solicita un presupuesto de 2,8 millones para 2018, la mayoría para gastos de personal
La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción ha remitido ya a las Cortes Valencianas su proyecto de presupuesto para 2018 en el que solicita un total de 2.778.650 euros . La mayoría de ellos, según se especifica en la justificación, se destinarían a gastos de personal (2,1 millones). Los bienes corrientes están cifrados en 450.200 euros y las inversiones en 190.000 euros.
Este cálculo supone un significativo incremento respecto al pasado año, cuando se presupuestaron 1,5 millones de euros. Sin embargo, gran parte de esa cantidad no ha sido ejecutada debido a los retrasos en su puesta en marcha, por lo que se incluirá en el próximo ejercicio. La previsión, comentan fuentes de la Agencia Antifraude, se ha realizado «a la baja».
Las cuentas del año que viene también prevén el alquiler de la sede, uno de los dolores de cabeza que todavía no se ha logrado solucionar . Algunas de las primeras propuestas pasaban por que se usara un espacio de las Cortes o un edificio adscrito al Parlamento autonómico. Pero estas opciones quedaron prácticamente descartadas por la importante intervención que requerían. También se barajó el palacete que en su día albergó los grupos parlamentarios, pero parece que el ofrecimiento no ha fructificado. Las conversaciones con la Generalitat y con el Ayuntamiento de Valencia -que, incluso, había estudiado ofrecer un edificio en el barrio del Cabanyal que gustaba a Podemos- parece que tampoco se han concretado.
Según fuentes de la Agencia que dirige Joan Llinares, a partir de ahora será el mismo organismo el que se encargue de la búsqueda de una ubicación. Durante estos días se encuentran redactando un pliego para que concurran inmobiliarias de Valencia que cuenten con oficinas acondicionadas para los trabajos. A partir de entonces, se seleccionará la mejor oferta y el espacio que mejores condiciones tenga -y que cuente con licencia de actividad- para suscribir un contrato de alquiler . La preferencia es que se sitúe en el centro de la ciudad, no demasiado alejada de las Cortes (a las que la Agencia se encuentra adscrita).
Dos nuevas directoras
La previsión es que la sede esté lista para finales de noviembre, pese a que la intención hace pocas semanas era que fuera este mismo mes. El retraso se debe sobre todo a la dificultad para contratar personal, ya que hasta ahora trabajaba en solitario Joan Llinares. Desde este lunes, son dos más las personas que lo acompañan: una directora de Gabinete, la periodista Mar Monsoriu ; y una directora jurídica, la hasta el pasado abril secretaria general administrativa de la conselleria de Transparencia Teresa Clemente . Una técnico que, además, resultó ser una de las testigos clave en el juicio contra el exconseller Rafael Blasco por el caso Cooperación (se opuso a la concesión de ayudas a la Fundación Cyes). Ambas cuentan con amplios conocimientos sobre el funcionamiento de la Administración Pública.
Próximamente se incorporarán un administrador, un encargado de la contabilidad y la gestión de personal y un responsable de la estructura informática. Todos estos primeros cargos se encuentran adscritos de conformidad en comisión de servicios. Es decir, de manera transitoria hasta su adscripción definitiva cuando sean nombrados.
El próximo mes está previsto también que comiencen a trabajar los primeros 21 funcionarios de carrera de la fase inicial del proceso de selección, puestos para los que se recibieron 258 solicitudes. Mientras se escoge la primera tanda de personal y se decide la sede, la Agencia Antifraude ya ha ido recibiendo denuncias que se tramitarán y resolverán cuando esté conformado el equipo jurídico, capacitado para calificar la prácticas y, en caso de que se consideren irregulares, establecer sanciones que pueden ir de los 200 a los 400.000 euros a los infractores según la gravedad de los hechos.
Entre las conductas tipificadas se encuentran obstaculizar un procedimiento de investigación; incumplir las medidas de protección del denunciante; no comunicar los hechos que sean susceptibles de corrupción, fraude o ilegalidad; filtrar información; y realizar una denuncia falsa.
Las primeras denuncias proceden sobre todo de pequeños ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, precisamente donde más problemas se suelen encontrar los interventores debido a la sobrecarga de trabajo.
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