Cataluña - Política

Puigdemont mantiene el pulso al TC e inicia la campaña electoral del referéndum ilegal

El Gobierno advierte a los gestores que albergaron los mítines de una ilegalidad

Puigdemont y Junqueras, en el primer acto de la campaña ilegal del 1-O
Puigdemont y Junqueras, en el primer acto de la campaña ilegal del 1-O - REUTERS

Inicio de la «campaña electoral» por todo lo alto. PDECat, ERC, la CUP y sus entidades afines Assemblea Nacional Catalana (ANC), Associació de Municipis per la Independència (AMI) y Òmnium Cultural mostraron músculo, ayer, en el Tarraco Arena de Tarragona -plaza de toros reconvertida en multiusos- congregando a miles de seguidores y dejando fuera a otros cientos, todos para reivindicar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y votar «sí».

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, protagonizó el mitin y reiteró que el próximo 1 de octubre se llevará a cabo la consulta de secesión, pese a las decisiones que han adoptado y puedan tomar a partir de hoy el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía y el Gobierno: «Claro que votaremos».

Puigdemont, además, ironizó cargando contra el Gobierno: «Dijeron que este acto no lo haríamos y no solo lo hemos hecho, sino que con la gente que hay fuera (del recinto) lo podríamos hacer dos veces. O tres, o las que hagan falta».

El evento sirvió, a la vez, para la presentación del spot de los favorables al «sí» de la supuesta campaña electoral y anunciar una nueva web, que cuenta los segundos, minutos, horas y días que faltan para el 1-O. En el vídeo se ve a ciudadanos y operarios retiran «esteladas» y todo tipo de objetos instalados en las calles (pancartas, banderines, carteles...) a favor de la independencia, mientras una voz señala que se dice «adiós» al «menosprecio», la «injusticia», los «miedos» o las «amenazas», vinculadas a España, y llega la «libertad» con la «República catalana».

En el acto intervinieron, entre otros, Oriol Junqueras y Marta Rovira, de ERC; Quim Arrufat, de la CUP; y los presidentes de la ANC, la AMI y Òmnium, Jordi Sànchez, Neus Lloveras y Jordi Cuixart, respectivamente. Además, en Badalona (Barcelona) se llevó a cabo otro evento «electoral» pidiendo el voto a favor del «sí» organizado, también, por los partidos y entidades secesionistas que conforman el movimiento independentista en Cataluña.

Por su parte, las subdelegaciones del Gobierno en Barcelona y Tarragona informaron a los responsables de los recintos de Badalona y Tarragona, antes de los mítines, que la celebración de los mismos era ilegal.

El subdelegado en Barcelona, Emilio Ablanedo, y el subdelegado en Tarragona, Jordi Sierra, advirtieron al director de la masía de Can Boscà de Badalona y al responsable del Tarraco Arena de Tarragona de las consecuencias que les puede conllevar al permitir los dos actos.

Una advertencia que cayó en saco roto pues los dos eventos se celebraron sin incidentes.

Desobediencia explícita

De esta manera, el presidente autonómico y el resto del movimiento secesionista, protegidos por la estructura de la Generalitat, mantienen el pulso contra el Estado de Derecho y la democracia.

Ejemplo de ello son los dos eventos de anoche en Tarragona y Badalona, pero también el caso omiso a la orden del TC de publicar en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) las deciciones del Alto Tribunal, dejar sin efecto la Sindicatura Electoral (que sigue firmando acuerdos pese a estar suspendida) o el intento de «desconexión económica» que Oriol Junqueras ha iniciado con respecto el Ministerio de Hacienda, en manos de Cristóbal Montoro.

En este contexto, la «campaña electoral» de los partidos y las entidades secesionistas está planificada a lo grande. ERC invertirá más de un millón de euros en unos 500 actos y el PDECat organizará 636 actos con un presupuesto de 500.000 euros. La CUP, por su parte, que lleva haciendo «campaña» desde el mes de junio, tiene planificado entre dos y tres actos por día en «una campaña clásica», según sus palabras.

Mientras tanto, según datos aportados por Junqueras, hay unas 47.000 personas registradas como colaboradoras para ayudar a la administración autonómica a organizar el 1-O.

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