Unió pide ser exculpada del desvío de fondos desde su fundación afín

La defensa de Unió ha pedido hoy durante el inicio del juicio en el que está implicada que la exculpe del desvío de fondos de su fundación afín, Catalunya i Territori. La formación entiende que la Fiscalía no puede acusarla como responsable civil porque los pagos irregulares investigados no afectarían a los intereses económicos generales.

En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha arrancado hoy el juicio contra tres responsables de la Fundació Catalunya i Territori que afrontan penas de hasta quince años de cárcel acusados de estafar a bancos a través de un entramado de empresas con el que presuntamente desviaron a UDC más de 200.000 euros. La Fiscalía ve a Unió responsable del desvío y le reclama que devuelva a la fundación casi 61.500 euros.

Sin embargo, durante las cuestiones previas que han expuesto las partes, el letrado de Unió pidió a la sala que lo exculpe del desvío, al entender que la Fiscalía no tiene legitimidad para acusarla por un delito de administración desleal, dado que su fundación afín nunca denunció al partido por los hechos.

Para el abogado de Unió, Joan Segarra, el hecho de que la fundación pagara servicios y alquileres de los que se benefició la formación «no afecta a los intereses económicos generales». La Fiscalía, sin embargo, ha recordado que la imputación del partido fue «bendecida» por un auto de la Audiencia e insistió en que los estatutos de la Fundación reconocen que tiene fines generales.

El tribunal resolverá en sentencia la cuestión planteada por Unió, lo que comportará que la formación democristiana sea juzgada como responsable civil.

Condenas rebajadas

La primera sesión del juicio ha conllevado ya una leve rebaja de condena para dos de los principales acusados, los exvocales de la Fundació Catalunya i Territori Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés, que inicialmente afrontaban una petición fiscal de 17 años de prisión. El fiscal ha aceptado que ha prescrito uno de los delitos de falsedad documental, lo que ya de entrada les rebaja dos años de pena.

La Audiencia de Barcelona ha decidido resolver en sentencia el resto de alegaciones formuladas por las defensas, que piden el archivo de la causa por vulneración de derechos al entender que la entrada de inspectores de Hacienda en la sede de la empresa de los imputados no contó con su consentimiento.