Todas las irregularidades que ayer se cometieron en el Parlamento catalán

Ni un ápice de legalidad. JpS y la CUP pasaron su rodillo, otra vez. Tras la aprobación a trámite de la ley del referéndum de autodeterminación, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, máximas autoridades en materia legal de la cámara, presentaron un escrito advirtiendo de la ilegalidad que se estaba cometiendo. Los letrados, señalados por el independentismo desde hace semanas, aguantaron la presión, no dudaron en levantar su voz para denunciar el atropello que se estaba dando y antepusieron la ley a su opinión política.

Su texto detallaba que la ley del referéndum está afectada "por razón de su contenido y objetivamente considerado" por las interlocutorias del Tribunal Constitucional (TC) contra varias resoluciones parlamentarias de 2015 y 2016 en las que Cataluña se autoconfiguraba como sujeto político soberano. Advirtieron a "los miembros de la Mesa" que, además, tienen "el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa" encaminada a "ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas". "Incumplir este deber", puede acarrear sanciones, añadieron.

Igualmente, Muro y Bayona criticaron el método empleado para cambiar el orden del día e introducir la aprobación de una ley (a través del artículo 81.3 del reglamento), acortando los trámites y recortando derechos que tienen los grupos en este proceso, como el de acudir al Consejo de Garantías Estatutarias.

Tras esta advertencia, los letrados mantuvieron un rifirrafe permanente con Forcadell. Está en juego un largo recorrido judicial. Según varias fuentes consultadas por ABC, Muro dio órdenes a los funcionarios para que no se publicara la propuesta de ley en el Boletín Oficial del Parlamento (BOPC) , pues es él el encargado de llevar a cabo esta tarea técnica. Forcadell, entonces, utilizó una "pasarela" informática personal para publicarla, pero explicó que habían sido los cuatro miembros de JpS en la Mesa. Poco después, en una de las reuniones de la Junta de Portavoces, Forcadell negó la palabra a Bayona cuando este solicitó dar su opinión, en tanto que letrado mayor, sobre el dictamen del CGE.

El órgano consultivo recordó que los diputados "en el ejercicio de su función", según la legislación vigente, tienen derecho a acudir ante el CGE y para ello se tiene que abrir un periodo de tiempo suficiente, tiempo que ayer se suspendió por votación en el pleno. Pero tampoco sirvió el dictamen del CGE . Ayer no existió la Ley en el Parlamento de Cataluña.