PROCESO SOBERANISTA
Los registros en las sedes de la Generalitat, ordenados por un juez de Barcelona a raíz del «caso Vidal»
Las actuaciones buscan confirmar si el Govern ha incurrido en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación con la organización del 1-O
La operación policial lanzada esta mañana en Cataluña contra la organización del referéndum ha sido dirigida por Juan Antonio Ramírez, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que ha acordado de oficio las detenciones y registros en las sedes de la Generalitat antes de lo que lo hubieran solicitado el instituto armado o la Fiscalía, que a la práctica, son las otras partes que pueden pedirlo durante un caso bajo secreto de sumario.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado este mediodía que las actuaciones de hoy se han dado dentro de la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 13, que estudia si se han producido los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación .
Este juez, de hecho, mantiene desde hace meses el secreto de sumario de la investigación. El caso se abrió a raíz de las controvertidas declaraciones del entonces senador de ERC, Santi Vidal, en las que en nombre del Govern se jactaba de estar preparando el 1-O, incluso con ilegalidades como disponer de datos fiscales de los ciudadanos . Vidal dimitió a raíz de la polémica y poco después, tras la denuncia de un ciudadano, se abrió la causa, que por orden de reparto cayó en el juzgado de instrucción 13.
El juez abrió el pasado mes de abril la causa y ordenó a la Guardia Civil que investigara especialmente la veracidad de las revelaciones del exsenador, al que le han registrado el domicilio esta mañana, de que el Govern tenía "camuflada" una partida de 400 millones de euros para el referéndum. Paralelamente, VOX presentó otra querella contra el Govern por las declaraciones de Vidal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero el alto tribunal catalán remitió la causa a instrucción 13 hasta comprobar si las declaraciones del exsenador eran veraces o "meras soflamas".
Dos meses investigando
Desde hace al menos dos meses, la Guardia Civil ha estado s iguiendo los pasos de todas las iniciativas vinculadas a celebrar el referéndum de independencia , partiendo de la financiación de la web del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, la web garanties.cat o el acto que el independentismo celebró en el Teatre Nacional de Cataluña (TNC) para anunciar el referéndum del 1-O.
En esta misma línea, la Guardia Civil estuvo tomando declaración el pasado julio como investigados a varios cargos de la Generalitat , entre ellos el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, e interrogaron también como testigos a trabajadores de varios departamentos.
En paralelo a la investigación que dirige el juez de Barcelona, el TSJC ha abierto una investigación a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra los miembros del Govern por el referéndum, por los delitos de prevaricación, desobediencia y también malversación.
Por el momento, la magistrada del alto tribunal catalán que lleva la causa, Mercedes Armas, se ha limitado a admitir a trámite la querella, prohibir a los medios que difundan la publicidad del referéndum y ordenar a la Guardia Civil el cierre de webs relacionadas con la consulta.
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