Dos particulares interponen la primera denuncia contra la Generalitat por el presunto acceso a datos fiscales

Dos abogados particulares han presentado este viernes ante los Juzgados de Instrucción de Barcelona la primera denuncia penal por el presunto acceso ilegal por parte de la Generalitat a datos fiscales de los residentes en Cataluña, como consecuencia de las declaraciones efectuadas por el exsenador de ERC Santiago Vidal.

El escrito, que ha sido presentado por los letrados Miguel Durán Campos y Miguel Ángel Durán Muñoz, ha constatado la gravedad de los hechos desvelados por Vidal -- que ha dimitido tras trasceder el contenido-- y apuntado la importancia de conocer si esta «grave conculcación de los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes» ha tenido lugar.

En opinión de los denunciantes, las afirmaciones de Vidal podrían suponer, de ser ciertas, la comisión de delitos de revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos e incluso prevaricación.

Acusan también al exsenador de sedición y rebelión y piden que se le cite a declarar.

Investigación de la Fiscalía

Durán y Durán recuerdan que Vidal ha reconocido públicamente que la administración para la que prestaba sus servicios además de obtener ilegalmente datos, ha investigado a los 800 jueces españoles en Cataluña y determinado que unos 300 se quedarían a pesar de la independencia porque comparten los «sueños e inquietudes» de los independentistas.

Por ello, ha reclamado a los Juzgados de Instrucción que determinen si los datos fiscales mencionados están en posesión de funcionarios o responsables de la Generalitat o de determinados partidos políticos «para usos no previstos por la Ley» y que se dilucide si existe una vulnerabilidad de los archivos.

La denuncia se ha presentado de forma paralela a la orden del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que la Fiscalía Superior de Cataluña abra una investigación en relación a las declaraciones de Vidal. Según ha informado la Fiscalía en una nota, estas declaraciones «supondrían una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos» y por ello ordena abrir una investigación «en defensa de la legalidad, del respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos».